Cuando un tema como el que estamos por abordar en este espacio, cuenta con una amplia gama de opiniones, en su mayoría sesgadas por la polarización política que prevalece en la actualidad, es preciso hacer una reflexión aún más profunda para evitar caer en lugares comunes o percepciones propias de cómo uno quisiera que fueran las cosas.
El famoso Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum promete antes que cualquier cambio jurídico, democrático o electoral, uno político debido a la reconfiguración del ajedrez en materia de pesos y contrapesos entre quienes de alguna u otra manera ostentan el poder que se construyó y consolidó con la llegada de este nuevo régimen en 2018. Como todos sabemos, la presidenta llegó al poder prometiendo la continuidad del movimiento de la transformación, empero, esto no significa que todo continuaría como hasta el momento, sino más bien, ajustes y cambios que, como en todos los casos generan resistencias y turbulencias en un sistema que podemos decir apenas entra en una etapa de madurez política.
Por eso, esta reforma lo que en el fondo provocó fue un realineamiento, dejando en claro la posición y, sobre todo, el papel que cada uno de los actores políticos juega en este movimiento, comenzando por sus aliados hasta antes de este momento, incondicionales.
Pero bien, en el remoto caso de que usted no esté enterado, el Plan B obedece a una posible primer fisura entre el sistema del poder a raíz de una reforma (Plan A) planteada por la presidenta que en pocas palabras buscaba recortar presupuesto, diputados, senadores y facultades al INE, lo cual no fue aprobado por más intentos que se hicieron por los diputados de los partidos de oposición, pero no solo eso, sino que por primera vez en una reforma toral, la mayoría de los diputados aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde terminaron por resistir y votar en contra de los designios de la presidenta a lo que ella respondió con palabras más, palabras menos: "este movimiento es de convicciones y la gente es la que juzga".
Es por ello que, más allá de hablar de las minucias de una reforma electoral descafeinada, lo que esto nos debe dejar como lección es la necesidad que vive el país de cambios profundos, pero, sobre todo, del momento que vivimos en el que el sistema que conocemos y que pensamos inamovible es más frágil y moldeable de lo que habíamos pensado.
Un síntoma que nos revela que esta reforma va más allá de lo jurídico es la aparente facilidad por medio de la cual el sistema oficial logró sacar la Reforma Judicial, una reforma de gran calado y muy sensible al mover temas delicados de la procuración de justicia en nuestro país que, al tratarse en muchos casos de temas ajenos a los políticos de nuestro país terminaron aprobando por unanimidad entre los legisladores del bloque oficial, pero no solo eso, sino que también – como en muchos casos locales y nacionales – fueron los mismos partidos de oposición quienes terminaron por dar el voto a favor de dicha reforma en contraste con la actual que si presenta resistencias considerables.
Al final del día, esta reforma cala aún más hondo de lo legal y llega hasta las entrañas del poder que en los próximos meses veremos cómo se reacomoda en búsqueda de consolidar un sistema de gobernabilidad o acrecienta la fisura.
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