El gobierno se puso a jugar las reglas del libre mercado, mostrando acciones incompetentes que colindan con la idiotez
En el episodio de la caída de los precios internacionales del trigo, maíz y sorgo del ciclo agrícola que está concluyendo, fueron varios los estados del país que resultaron afectados, pero el estado de Sinaloa podría ser el experimento extremo del fracaso de la política alimentaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es explicable: Sinaloa es una potencia en la producción de maíz. En este ciclo produjo más de 6 millones de toneladas y cuatro millones se quedaron a expensas -ante la ausencia de la protección del gobierno- de la voracidad de las entidades corporativas que cada vez más acrecientan su control sobre el mercado nacional de granos.
Según reportes de pequeños y medianos productores de esa entidad, Cargill, Maseca y Minsa, están pagando la tonelada de maíz a 4 mil 200 pesos, ajustada a la caída en los precios internacionales que se cotizan en la Bolsa de Chicago, cuando los costos de producción y los requerimientos de capitalización reclaman un precio de 7 mil pesos por tonelada. La paga de 40 por ciento menos con relación a los costos, advierte una secuela de carteras vencidas de una amplia población de productores que podrían verse impedidos a participar en el siguiente ciclo de producción, más cuando se terminó de desmantelar la baca de fomento con la desaparición de Financiera Rural y la banca comercial no está dispuesta a correr los riesgos de una actividad abandonada a la suerte de lo que dicte el mercado.
Se estima que el área dedicada a maíz en Sinaloa, podría reducirse en un treinta por ciento, ya sea porque los productores se inclinen por otros cultivos o porque queden fuera de la actividad. El resultado reflejaría una reducción de la producción de maíz blanco en aproximadamente 2 millones de toneladas que tendrían que importarse además de los 18 millones de toneladas de maíz amarillo que anualmente se compran en el exterior.
El gobierno se puso a jugar las reglas del libre mercado, y lo hizo de la peor manera. Mostrando no solo el consabido desprecio ideológico del presidente por los productores, sino acciones incompetentes que colindan con la idiotez. En el apego al dogma de la contracción en el gasto, decidieron dejar sin coberturas a los granos básicos que se encuentran en la llamada agricultura comercial. Cuando vino la caída en los precios internacionales, pensaron que con la intervención marginal del estado en las compras de maíz lograrían inducir un alza en los precios. Para el caso de Sinaloa al gobierno federal se le ocurrió que por medio de SEGALMEX y del gobierno del estado, intervinieran con la compra de un millón y medio de toneladas de maíz, esperando que con ello aumentaría el precio del cereal por encima de la baja cotización impuesta por los mercados internacionales. La acción fue tan costosa como inoperante, porque previo a la medida, el mismo gobierno federal, desde octubre del año anterior había abierto las fronteras para la importación indiscriminada de granos básicos y otros productos agroalimentarios que le llenaron las bodegas a los importadores.
Ya con la panza llena, los importadores no tenían ningún interés en la compra del maíz sinaloense. La puja del gobierno resultó un fracaso, y ahora los importadores están comprando el maíz a precio de remate y propiciándole heridas profundas a la región que soporta el mayor porcentaje de la producción nacional de este grano.
No es el fuerte del presidente recoger lecciones sobre la consecuencia de sus acciones de gobierno. Más bien presume su terquedad como un sinónimo de virtud; pero debería de percatarse de que jugar con las reglas del libre mercado en materia alimentaria, equivale a jugar con fuego. En este episodio ya se le ha infringido un daño estructural a las principales regiones graneleras del país que indiscutiblemente derivará en una profundización de la dependencia alimentaria. Hay que admitir que los cárteles graneleros se despliegan con la agenda global de imponer una reducción en la disponibilidad alimentaria y usar las debilidades nacionales para tomar control de los mercados domésticos y convertirlos en instancias subcontratadas para sus fines especulativos globales.
Según informes extra oficiales, estas agencias corporativas, aprovechando el reciente decreto presidencial que desapareció Financiera Rural y terminó con todo vestigio de un programa nacional de crédito para el campo, pretenden financiar el 80 por ciento de la siembra de maíz y trigo del próximo ciclo agrícola, con lo que supeditarán a los productores a condiciones crediticias y de comercialización desfavorables para ellos y para la nación.
Ciudad Obregón, Sonora 26 de julio de 2023.
