En la política mexicana hay una constante que se repite casi cada sexenio: cuando llega un nuevo Gobierno (sea del partido que sea), tarde o temprano aparece la palabra reforma. Reforma energética, Reforma judicial, Reforma fiscal... y ahora, nuevamente, Reforma Electoral.
La pregunta, considero, no debería ser si vale o no la pena poner sobre la mesa que el sistema político-electoral puede mejorar, porque eso es un hecho: sí puede. La verdadera pregunta es si este era el momento adecuado para impulsar una nueva Reforma Electoral en México.
El debate se encendió recientemente tras la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca modificar distintos aspectos del Sistema Electoral. Entre los cambios planteados se encuentran la reducción del financiamiento a partidos, la modificación del sistema de representación proporcional, la eliminación de plurinominales del Senado y la reducción del costo de las elecciones.
Desde el Gobierno Federal se ha defendido la iniciativa como un esfuerzo por modernizar la democracia, reducir los costos de la política y hacer más directa la representación ciudadana. Sin embargo, la propuesta también ha generado resistencias dentro y fuera del Congreso, e incluso entre algunos aliados del partido en el Gobierno —es decir, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista—, lo que ha complicado la perspectiva de su avance legislativo.
Para entender mejor la discusión actual conviene recordar algo importante: México ha reformado su Sistema Electoral en múltiples ocasiones. Gran parte de la transición democrática del país se construyó precisamente a partir de reformas electorales.
La reforma política de 1977 permitió abrir el sistema a nuevos partidos y ampliar la competencia política. En los años noventa se fortaleció la autonomía de la autoridad electoral con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que marcó un paso clave para garantizar procesos más confiables. Uno de los cambios más relevantes llegó en 2014 con la reforma político-electoral, aquella que creó el Instituto Nacional Electoral (INE), amplió sus facultades para coordinar elecciones federales y locales, introdujo la reelección legislativa y estableció el principio de paridad de género en las candidaturas.
En otras palabras, las reformas electorales no son ajenas a la historia democrática de México. Cada una ha respondido a contextos políticos específicos y ha buscado ajustar las instituciones para fortalecer la competencia y la representación. Sin embargo, el contraste con la reforma actualmente propuesta radica en un México muy diferente al de hace unos años: hoy la reforma sucede en un país donde los impartidores de justicia son electos mediante el voto, donde una mujer es titular del Poder Ejecutivo Federal y en una nación donde hay una alianza gobernante sumamente fuerte políticamente hablando.
Las reformas electorales, por naturaleza, requieren amplios consensos políticos. Cambiar la "arquitectura" institucional de una democracia sin acuerdos amplios puede generar más incertidumbre que soluciones. Y ahí aparece uno de los principales dilemas del momento actual.
México "no la tiene fácil" en varios frentes: las constantes presiones políticas y comerciales desde Estados Unidos, la inestabilidad internacional en materia de seguridad y paz, así como el reto que representa la próxima renegociación del T-MEC, entre otros factores que influyen directamente en el rumbo del país.
En ese contexto, es legítimo preguntarse si apostar ese "cartucho" por parte de la presidenta para buscar una votación que implique modificaciones constitucionales realmente valía la pena con esta propuesta. Y lo planteo con total honestidad: en varios de los puntos de la reforma encuentro coincidencias importantes con las que estoy a favor. Sin embargo, considero que uno de los principales tropiezos de esta iniciativa podría haber sido el momento elegido para presentarla.
Un elemento clave en esta reforma constitucional será contar con los votos necesarios previamente asegurados. Si escuchamos con atención lo que se dice entre los pasillos del Congreso, todo indica que el respaldo de los partidos aliados no estaba, como solemos decir en política, "bien amarrado".
De confirmarse los pronósticos legislativos, podríamos estar frente a la primera reforma constitucional que no logra avanzar durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué consecuencias podría tener esto para la cohesión y la fuerza política de la alianza que hoy gobierna el país?
