Los últimos tres gobiernos mexicanos han optado por tomar la decisión de militarizar paulatinamente el país para combatir al crimen organizado
Poco a poco hemos visto cómo nuestro país se ha tornado en un territorio prácticamente en guerra permanente con focos rojos que van emergiendo a lo largo y ancho del país, sin que hasta el momento se vislumbre alguna posible solución al problema que comenzó hace poco más de una década, lo que ha generado que, en la mayoría de los rankings mundiales de violencia e inseguridad, sean las ciudades mexicanas las principales en encabezar tales deshonrosas listas.
Ante dicha situación, los últimos tres gobiernos mexicanos han optado por tomar la decisión de militarizarpaulatinamente el país para combatir al crimen organizado, quienes, ante un crecimiento exponencial de su poderío económico, pero sobre todo, armamentístico, rebasaron de manera inmediata el control y gobernabilidad que podrían ejercer las fuerzas policiales municipales y estatales de las entidades, aunado al alto grado de penetración y corrupción que habían alcanzado diversas corporaciones locales. Por lo tanto, la decisión del gobierno fue echar mano de las fuerzas armadas que, en tiempos de paz, deberían estar resguardadas para su incorporación a tareas de seguridad nacional, no, de seguridad pública.
Es por lo que, recientemente en diversas ciudades del país los ciudadanos han tenido que normalizar la presencia militar en las calles para intentar salvaguardar el orden público, asociado a la implementación de políticas públicas como la creación de la Guardia Nacional, misma que, aunque en teoría fue creada para mantener un mando civil y convertirse en una fuerza de transición, en la actualidad han cooptado el uso de la fuerza en el área de seguridad, asimismo, la tendencia que se ha tomado durante los últimos años de colocar al mando de las policías municipales a mandos militares, lo que termina por cerrar el círculo de poner en manos de fuerzas armadas de seguridad nacional, la seguridad ciudadana desde lo local.
Algunas de las consecuencias de decantar el poder hacia las fuerzas armadas radican principalmente en la violación a los derechos humanos como lo afirma la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes manifiestan su preocupación por la militarización de la Seguridad, la cual advierte sobre los riesgos que genera migrar el poder de la seguridad de mandos civiles a militares, lo que convierte en zona de guerra a prácticamente cualquier lugar de una ciudad donde se encuentren. Lo anterior, ha generado múltiples bajas de inocentes, tales como el lamentable caso del asesinato de los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo, quienes fueron víctimas de una confusión por parte de miembros castrenses quienes se encontraban en una persecución al interior de una universidad en Monterrey, Nuevo León.
A pesar de que, la salida a esta problemática cada vez más compleja parece no tener final, podemos tomar casos de éxito que han logrado, por lo menos regionalmente hablando, salir de crisis de seguridad, como los casos de Nuevo León, donde después de ser asediados durante algunos años por los estragos que generaban miembros del Crimen Organizado, el gobierno, en conjunto con ciudadanos, empresarios y, sociedad civil organizada, lograron estructurar un mando policial mixto con un plan de pacificación de la entidad bajo el nombre de “Fuerza Civil” la cual, en conjunto con las fuerzas armadas han logrado mantener los índices de violencia en dicha entidad por debajo de la media nacional. Sin duda, la solución no habrá de encontrarse en un solo bando, es necesario que todos los entes que forman parte de la sociedad pongan de su parte para acabar con dicha problemática.
