"La verdadera paz jamás será la simple ausencia de la guerra o el enmudecimiento de las balas. La paz genuina exige la presencia innegociable de la justicia".
La historia nos enseñó a temer a la guerra, pero hay un estruendo silencioso que no rompe el toque de queda y estalla sin que nadie declare el estado de sitio. Por su causa, cientos de miles de personas huyen hoy, no de un conflicto bélico entre naciones, sino del miedo cotidiano que supura en las aceras de su propio barrio. Es un exilio dictado por ejércitos criminales que no buscan conquistar la capital del país, sino apoderarse del insomnio de los vecinos; el éxodo de una América Latina obligada a pagar con el destierro su derecho a respirar. En Centroamérica, el "Triángulo Norte" (Honduras, El Salvador, Guatemala) y la violencia sistémica han visto a sus gobiernos convertirse en sombras pálidas frente al implacable dominio de las maras.
En Honduras, el transporte público opera a menudo como un cementerio rodante y los dueños de las pulperías (pequeñas tiendas de abarrotes) compran a diario el derecho a abrir sus ventanas. La extorsión es la savia que nutre esta tragedia. Los criminales no solo exigen billetes para financiar su imperio. Exigen una devoción del terror, una sumisión física donde el ciudadano debe agachar la mirada al cruzarlos y entregar a sus hijos como reclutas o a sus hijas como botín de guerra. Ante esta dictadura del plomo, el ciudadano de a pie se enfrenta a un cálculo macabro. Solo le queda pagar hasta la quiebra absoluta, esperar la bala vengativa o empacar la vida en una mochila de nailon y caminar hacia la frontera norte.
Este impuesto a la respiración se extiende como una enredadera venenosa por el continente. En algunos estados mexicanos, el "cobro de piso" ha convertido a los cárteles en la verdadera autoridad tributaria de vastas regiones. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía destapan una herida abisal. En años recientes se calculan más de cinco millones de extorsiones anuales, pero un aplastante noventa y siete por ciento jamás se denuncia. Es la tiranía del silencio. En estados como Michoacán, Chiapas o Zacatecas, pueblos enteros se han vaciado de la noche a la mañana. Los campesinos huyen abandonando huertas de aguacate y limón, expulsados por organizaciones criminales que despliegan drones artillados y minas terrestres (Michoacán, Guerrero, Tamaulipas). El ciudadano, despojado de su tierra y su forma de ganarse la vida, se vuelve un peregrino forzado.
En El Salvador, la cicatriz tiene otra textura histórica. Durante décadas, las pandillas convirtieron la nación entera en un matadero a cielo abierto. Hoy, bajo un régimen de excepción que ha llenado las cárceles a un ritmo frenético, el ruido de las balas ha disminuido, pero el miedo ha mutado. Investigaciones de organizaciones de derechos humanos documentan miles de detenciones arbitrarias donde la simple palabra de un captor pesa más que la presunción de inocencia. Muchos celebran la nueva capacidad de caminar por sus vecindarios de noche, pero otros sufren el terror callado del estado policial. Nos enseñaron que el silencio de los fusiles es un triunfo, olvidando aquella advertencia nacida en las marchas por los derechos civiles: La verdadera paz jamás será la simple ausencia de la guerra o el enmudecimiento de las balas. La paz genuina exige la presencia innegociable de la justicia. Una tranquilidad construida sobre la supresión de libertades fundamentales camina siempre sobre el filo de una navaja.
Y como la violencia es un monstruo insaciable, el terror ha descendido ya a Sudamérica hasta devorar lo que alguna vez se enorgulleció de ser un oasis andino. En Ecuador, el choque brutal entre megabandas ha fracturado el alma del país. Las estadísticas recientes hielan la sangre, pues la tasa de homicidios saltó de un modesto seis por cada cien mil habitantes en 2020 a superar los cuarenta en 2023, rebasando la letalidad de naciones históricamente asoladas por las drogas. El dominio criminal en la costa ha dejado de ser una anomalía para volverse la regla. Como consecuencia, decenas de miles de ecuatorianos han sido desplazados internamente y sus ciudadanos abarrotan hoy los pantanos mortales del Tapón del Darién buscando refugio.
Éste es el imperativo ético del éxodo moderno: el migrante no se lanza al abismo por la ambición de riquezas ajenas, sino por la urgencia de reclamar su derecho a la vida. Su partida es el testimonio de que la paz sin justicia es una ilusión de orden. Para que la paz sea real y duradera, debe dejar de ser la simple ausencia de ruido y convertirse en la presencia de derechos, transformando el silencio de las víctimas en la armonía de una sociedad equitativa. En última instancia, nadie debería verse obligado a pagar un peaje a la muerte para alcanzar la dignidad de existir.
El Dr. Castro fue consejero externo para el Gobierno Mexicano y presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Ha sido catedrático, decano y vicerrector para desarrollo internacional en Pima College de Tucson, Arizona.
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