Corrupción laboral

A nivel federal, desde 2018 andan tratando de ver cómo cumplir aquello de que las escaleras de la corrupción se barren de arriba hacia abajo

Por: Francisco González Bolón

Como el protagonista de esta historia, muchos mexicanos confiaron en que con un nuevo Gobierno, supuestamente de transformación, muchas de las inequidades, corruptelas e injusticias se acabaran de golpe y porrazo.

Pero no. A nivel federal, desde 2018 andan tratando de ver cómo cumplir aquello de que las escaleras de la corrupción se barren de arriba hacia abajo, pero la cruda realidad se interpone y en vez de reducirse, el lodo de los hechos ilícitos los cubre cada vez más, desde los altos hasta los bajos niveles del Gobierno.

Y en Sonora, con todo y las acciones de Alfonso Durazo Moreno para contener la ola corrupta, la verdad es que esas inercias del pasado siguen sin dar paso a novedosas formas de “pellizcar” un extra en el bolsillo, a cuenta de los ciudadanos.

Por ejemplo, ayer en las oficinas de los juicios laborales una persona afectada por el Ayuntamiento de Cajeme con un despido desde hace ocho años, resulta que en ese tiempo un actuario de nombre Luis Carlos no ha podido entregar un documento referente a una inspección sobre su caso.

Los pretextos han sido diversos, pero el más inverosímil es que el actuario, acorralado por el trabajador afectado, a la hora de presentarse ante las autoridades municipales de manera insólita dijo que no llevaba el documento que debía entregar.

Es uno de decenas de casos de corrupción vividos al interior de los organismos laborales y no de ahora sino de muchos años atrás, incluso cuando los conservadores y neoliberales gobernaban, pero que se supone debieron terminar con el arribo de nuevos servidores públicos, dispuestos a cambiar al país, pero por lo visto les está costando mucho trabajo empezar.

Por el lado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también se las gastan muy buenas, pues el licenciado Carlos Amaya Guillén acudió a esa instancia para exponer actos de discriminación sucedidos en juzgados de Ciudad Obregón, a los cuales lo llamaron a comparecer, a pesar de saber que no hay forma de subir al piso donde se encuentra la dependencia.

Aunque “el Conapred es el Organismo público encargado de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas que se encuentren en el territorio nacional”, pues resulta que no, ya que contestó al abogado que no puede actuar en este caso porque desde su instancia solamente se trabaja con quejas hacia servidores públicos federales y el suyo es totalmente local.

A Amaya Guillén lo remiten a instancias locales, cuando ya se sabe, de acuerdo a las respuestas de los funcionarios del Poder Judicial ante el Juzgado de Distrito, que hay confabulación para evitar que se sancione a quienes han mentido en sus declaraciones.

Y es que en sus comparecencias por escrito, los funcionarios han dicho que sí hay elevadores en el lugar o que ya existen leyes para que los inmuebles del Gobierno tengan las condiciones para el desplazamiento de las personas con discapacidad, pero nunca muestran evidencias de que en realidad sí existen elevadores en el Juzgado al que fue citado el quejoso.

Esto da a entender que ser corruptos no es solamente meterle la uña al presupuesto sino también las omisiones en que incurren a propósito muchos servidores públicos, ya sea por compromisos políticos o, peor, económicos.

Incluso en el sector privado hay muchas formas de meter zancadillas a los ciudadanos. Como por ejemplo, una persona convaleciente de cirugías y que necesita recursos económicos para solventar sus necesidades, no ha podido desde hace varios meses obtener la renovación de su tarjeta de crédito.

Los del Banco le exigen que vaya personalmente a reponerla, pero no mueven un dedo para ir hasta el domicilio de la persona a comprobar que, efectivamente, no se puede mover de su cama por razones físicas.

Ya es tiempo de que las condiciones comiencen a cambiar. Que la simulación deje de ser la manera más acostumbrada de hacer política y que los funcionarios dejen de hacer dinero, para sus bolsillos o para las campañas políticas, porque la sociedad exige respuestas.

Y si a las primeras de cambio la población observa que quienes prometieron transformación siguen con más de lo mismo, el desencanto acabará por echarlos de su aceptación, por más carisma que pudiera tener su jefe nacional.

Es ahora o nunca. Los cambios no tienen mañana.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com

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