Indígenas de Masiacahui denuncian abusos ante la CNDH

“Grupos de poder” buscan frenar lucha de Gobierno Autónomo Indígena por recuperar 26 mil hectáreas “saqueadas”

El Gobierno Autónomo Indígena de Masiacahui interpuso denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en la Fiscalía General de la República (FGR), ante amenazas de “grupos de poder” que buscan desestabilizar y frenar la lucha por la recuperación de 26 mil hectáreas “saqueadas”.

Miguel García, dirigente de dicho órgano de gobierno constituido a fines del año pasado, aseguró que continúan sufriendo el asedio del destituido comisario de Bienes Comunales, Amador Miguel Yocupicio Mondaca, y otras personas, que junto con policías municipales tratan de amedrentarlos.

Uno de esos hechos, dijo, se registró el domingo 5 de septiembre, cuando agentes locales pretendieron ingresar al recinto oficial del gobierno autónomo, en la cabecera de Masiaca, “pero afortunadamente el caso no pasó a mayores, de momento”.

Señaló que lo anterior no es la primera vez que sucede, ya que el pasado 7 de mayo, poco antes de las elecciones, ocurrió algo similar.

Denunció que “empresarios y corruptos actúan no solamente en lo relativo al saqueo y despojo de los bienes comunales, sino que también las autoridades municipales y federales han violentado derechos de los indígenas de la Nación Yoreme Mayo”.

“Esas autoridades, que representan a las instituciones del Estado Mexicano, solapan el despojo del territorio comunal, reconocido desde 1834; hemos solicitado auditorías y presentado denuncias por la venta ilegal de solares que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, pero nada ha pasado”, dijo.

Miguel García mencionó que, de acuerdo a una resolución presidencial de 1951, se dotó a Masiaca de 46 mil hectáreas, pero actualmente cuenta con sólo 20 mil.

Indicó que uno de los presuntos fraudes más recientes involucra a

Rancho Bretona

y/o

Porcina Masiaca

, cuyos representantes legales recibieron documentos con el sello del

Ayuntamiento de Navojoa

para justificar el despojo de al menos cinco mil hectáreas.