La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a Estados Unidos que la solicitud para detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios no cuenta con elementos de prueba suficientes.
El requerimiento, recibido el martes por la tarde, busca la captura provisional con fines de extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con la cancillería, tras una revisión jurídica en el marco del Tratado de Extradición bilateral, los documentos enviados por la Embajada estadounidense carecen de evidencia que permita determinar la responsabilidad de los señalados.
Además, la SRE expresó inconformidad por la difusión pública de la información, que incluyó nombres y detalles del caso, lo cual, afirmó, contraviene las disposiciones de confidencialidad del acuerdo entre ambos países.
SIN PRUEBAS Y CON RECLAMOS DIPLOMÁTICOS
Como parte de su respuesta, México enviará una carta de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos. No obstante, la dependencia federal indicó que remitirá el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de evaluar si existen elementos probatorios conforme al sistema legal mexicano.
Las acusaciones fueron dadas a conocer por autoridades judiciales estadounidenses, quienes señalan a Rocha Moya, un senador de Morena, el alcalde de Culiacán y otros funcionarios de seguridad por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de armas, delitos que podrían alcanzar penas de hasta cadena perpetua.
RESPUESTA DE LOS ACUSADOS
El gobernador de Sinaloa rechazó de manera categórica los señalamientos y aseguró que demostrará la falta de fundamento de las acusaciones. En un mensaje público, defendió su actuación y calificó el caso como un ataque.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza también negó los cargos y vinculó el proceso con un intento de afectar políticamente a Morena y a la llamada Cuarta Transformación. Ambos coincidieron en que las imputaciones carecen de sustento y forman parte de una narrativa que, aseguran, atenta contra la soberanía nacional.
