El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, salió al paso de las acusaciones en su contra formuladas por autoridades estadounidenses, calificándolas como infundadas y parte de una estrategia con tintes políticos.
El posicionamiento del mandatario ocurre luego de que se diera a conocer una acusación formal en una corte federal de Nueva York, lo que ha encendido el debate sobre soberanía, justicia internacional y la relación bilateral.
ROCHA MOYA RECHAZA ACUSACIONES DE EE. UU
A través de un mensaje público, Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" los señalamientos presentados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, asegurando que las imputaciones "carecen de veracidad y fundamento alguno".
El gobernador afirmó que será en el momento oportuno cuando se demostrará, con pruebas contundentes, la falta de sustento legal de las acusaciones.
ACUSA OFENSIVA CONTRA LA 4T
El mandatario sinaloense sostuvo que el caso trasciende su persona y, desde su perspectiva, constituye un ataque directo contra el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) y sus principales liderazgos.
En ese sentido, acusó que el proceso forma parte de una "estrategia perversa" orientada a vulnerar el orden constitucional mexicano y la soberanía nacional, haciendo referencia al artículo 40 de la Constitución.
Rocha Moya también dirigió un mensaje a la ciudadanía de Sinaloa, a quienes aseguró que su administración actuará con "valor y dignidad" para desmentir lo que calificó como una calumnia.
ACUSACIONES CONTRA ROCHA MOYA
Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este 29 de abril de 2026 sobre la apertura de una acusación formal contra el gobernador, a quien señalan de presuntamente haberse vinculado con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con las autoridades, la acusación fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York e incluye cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas. En el expediente también se menciona a diez funcionarios y exfuncionarios del estado. El caso quedó bajo la supervisión de la jueza federal Katherine Polk Failla.
El desarrollo de este proceso podría tener implicaciones tanto legales como políticas, en medio de un escenario donde la cooperación y las tensiones entre ambos países vuelven a colocarse en el centro de la discusión pública.
