El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional en materia laboral que reduce la jornada semanal a 40 horas y establece un nuevo tope para el trabajo extraordinario. La iniciativa busca fortalecer un modelo enfocado en la justicia social y la salud pública, sin afectar el salario de las personas trabajadoras.
La modificación al apartado A del artículo 123 de la Constitución representa uno de los cambios más relevantes en materia laboral de los últimos años y ahora deberá continuar su proceso legislativo para entrar en vigor.
NUEVO LÍMITE PARA HORAS EXTRA
Además de la reducción de la jornada semanal, la reforma establece que el máximo de horas extraordinarias pasará de 9 a 12 horas por semana. También se fija un límite de hasta cuatro horas extra por día y se prohíbe que una persona trabajadora permanezca más de 12 horas en un solo día.
Con este ajuste se pretende regular de manera más clara las cargas laborales y evitar abusos, al mismo tiempo que se mantiene un margen legal para cubrir necesidades operativas excepcionales en los centros de trabajo.
PROTECCIÓN REFORZADA PARA MENORES DE EDAD
Uno de los puntos centrales de la reforma es la prohibición total de horas extra para personas de 15 a 17 años. En ningún caso podrán realizar trabajo extraordinario, lo que refuerza la protección a adolescentes dentro del ámbito laboral.
La medida busca garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo físico y emocional, así como evitar jornadas prolongadas que puedan afectar su salud o educación.
SIN REDUCCIÓN SALARIAL
El Senado reiteró que la disminución de la jornada semanal no implicará reducción en los salarios. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población trabajadora sin afectar sus ingresos, apostando por un equilibrio entre productividad y bienestar.
Aunque la reforma ya fue avalada por el Senado, aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. Posteriormente, requerirá el aval de los congresos estatales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que pueda entrar en vigor.
Una vez completado ese proceso, será necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo para definir los mecanismos específicos de implementación y supervisión.
