El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto a partir del cual se conforma la Comisión para el Acceso a la Verdad
El 6 de octubre de 2021, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto a partir del cual se conforma la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965-1990, mejor conocida como la Comisión de la Verdad. Sin embargo, e igual que en el caso de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, la existencia de este instrumento no ha estado libre de controversia. Algunos de los puntos que causan mayor polémica entre aquellos que hemos venido siguiendo el trabajo de esta Comisión son: los posibles usos políticos de las distintas memorias, tanto de víctimas como victimarios de la violencia; la revictimización de familiares y conocidos de aquellas personas que sufrieron torturas, desapariciones, encarcelamientos, violaciones y acoso por parte de las instituciones del Estado; los alcances y limitaciones de las investigaciones en torno a dichas violencias, así como las posibles acciones que el gobierno pueda emprender, con el objetivo de llegar a un estado de “justicia”. Y es quizás este último punto el que me gustaría profundizar.
En días pasados se han presentado los resultados de los trabajos tanto de la Comisión como del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la misma. Dejaremos para otro día las discusiones sobre los resultados y alcances de estas. De momento, valdría la pena preguntarnos, cómo, ¿cuándo y dónde se llevaron a cabo las investigaciones en torno a las vejaciones del pasado reciente ocurridas en el Estado de Sonora? La comisión no fue muy clara en el progreso (o falta de este) de sus investigaciones. Es en este tenor, me gustaría hablar de las violencias de Estado que se desarrollaron en nuestra entidad durante la época de la llamada “Guerra Sucia”. Esto a manera de llamado de atención, quizás no a la Comisión en sí, sino a la población en general, para que seamos nosotros mismos quienes recuperen nuestras propias memorias y las de nuestras comunidades.
Habría que señalar que nuestro periodo de interés está inserto en lo que se conoce a nivel nacional como la Guerra Sucia. Dicho periodo se caracterizó, según el abogado e investigador en derechos humanos, Andrés Marcelo Díaz Fernández, por “la utilización desproporcionada de la violencia para la aniquilación de personas o grupos políticos antagónicos; la ilegitimidad e ilegalidad de la utilización de dicha violencia; la desinformación, silencio o justificación legalizada de las acciones estatales empleadas; y la responsabilidad del Estado en términos jurídicos y sociales”.
En ese sentido, la violencia de Estado, de aquella desplegada durante los tiempos de la Guerra Sucia, existen en un limbo entre la negación histórica y la memoria de aquellos individuos que la vivieron, ya fuese en carne propia o a partir de sus familiares o amigos cercanos. En el caso específico de Sonora, poco se ha hecho a nivel local por profundizar en las violencias experimentadas por campesinos, obreros, mujeres, indígenas, disidentes sexuales, y estudiantes de izquierda. Al igual que el México de la segunda mitad del siglo XX en su conjunto, Sonora no fue estuvo exento de actos y períodos de extrema violencia estatal. Fue un espacio más donde el Estado mexicano, apoyado de los aparatos de seguridad locales, desplegaron campañas de violencia y terrorismo en contra de aquellos grupos, colectivos y organizaciones que considerara incomodos para su estabilidad.
Quizás son dos los casos de violencia de Estado más reconocidos a nivel estatal: los siete campesinos asesinados en lo que ahora es el ejido San Ignacio Río Muerto, y los militantes/simpatizantes de la Liga Comunista 23 de septiembre (LC23S), torturados, encarcelados, ejecutados y desaparecidos en diferentes espacios de la entidad. En el primero de los casos, estos fueron asesinados el 23 de octubre de 1975 tras recibir los disparos de la fuerza combinada del ejército y la policía judicial. El episodio termino con la renuncia del entonces joven y flamante gobernador Carlos Armando Biebrich, así como la expropiación de 4,387 hectáreas de tierra para conformar el ejido.
Sobre el caso de los militantes y simpatizantes de la Liga Comunista, grupo político-militar que tuvo presencia en nuestra entidad entre 1973 y 1981, he podido identificar al menos siete personas ejecutadas extrajudicialmente. A su vez, podemos identificar diecinueve más en calidad de detenido-desaparecido. Quizás el caso más emblemático de los primeros años fue el de los jóvenes universitarios Jorge Shepperd Vega y Andrés Peña Dessens, quienes el 19 de febrero de 1973 se encontraban realizando una labor de propaganda con obreros de la construcción en la colonia Valle Hermoso, en Hermosillo. La pequeña brigada al a que pertenecían fue prontamente rodeada por elementos de la policía municipal quienes, acusándolos del asesinato del miembro de su corporación, Enrique Morales Alcántar “Morelitos” —quien había sido abatido un día antes—, abren fuego contra los jóvenes. Shepperd cae en la escena, y Peña Dessens muere a los días, producto de un disparo en la cabeza.
De igual forma, hay que tomar en cuenta que, entre 1973 y 1975, la LC23S tuvo una fuerte actividad en la sierra tarahumara, espacio aislado tanto física como mediáticamente hablando. Resultaría una tarea titánica la de tratar de cuantificar la cantidad de víctimas de tortura y ejecuciones que hubo en esta zona a causa de la presencia del ejército mexicano. A esto habría que sumarle las decenas de detenidos y torturados en las cárceles clandestinas establecidas en Sonora. En el caso de la Antigua Penitenciaria de Hermosillo, su sótano y calabozos fueron los escenarios de amplias sesiones de tortura hacia los militantes de este grupo. Las mismas vejaciones ocurrieron en el sótano de las oficinas de la Policía Judicial, actual edificio de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la capital sonorense.
Y éstas no fueron las únicas víctimas. Existen registros de cientos de casos más. Esto solo fue un ejercicio de remembranza. Para no dejar que la memoria de estas personas pase al olvido.
