Entre los yaquis hay quienes piensan que estas acciones obedecen a una estrategia de posicionamiento para rendir cuenta dentro de un año de labores
Ninguna novedad tiene el hecho de denunciar que en las filas yaquis se infiltraron personas del crimen organizado para tener bajo su control los bloqueos de la carretera Internacional de Sonora. Lo sorprendente es que, a pesar de múltiples denuncias, incluso de las autoridades tradicionales, las corporaciones policiacas no hayan intervenido, pues bien sabían los puntos y las personas involucradas en malos pasos. Por eso, dentro de la Tribu Yaqui hay quienes piensan que estas acciones para eliminar los bloqueos más bien obedecen a una estrategia de posicionamiento rumbo a rendir cuenta de los hechos concretos dentro de un año de labores que hasta el momento se había caracterizado por mencionar solamente planes y proyectos. Si bien en Oroz se “atoró” a personas clave del entramado de la ilegalidad que se ha desplegado en los ocho pueblos yaquis, con drogas y armas como protagonistas, en Vícam los “trabajos de inteligencia” no fueron tan precisos porque algunos inocentes fueron a dar a las celdas, quién sabe de dónde porque las autoridades no han dicho en qué lugar los tienen. Sean culpables o no, las personas detenidas no deben ser aisladas de sus familias sino que deben tener acceso incluso a personas que las puedan defender, y a traducir incluso, en los juicios que se emprenderán contra aquellos a los que se les vincule con algún hecho ilícito. Para que quede claro, es la ley la que lo establece, no un columnista que lo solicita. Como también se debe proteger a todas aquellas familias indígenas que pueden estar expuestas a las venganzas del crimen organizado, pues si bien las carreteras están bien vigiladas para que nadie más se atreva a tomarlas como suyas, en los domicilios de muchas familias se han encerrado a piedra y lodo quienes tienen miedo a ser objeto de represalias. Por supuesto que es de aplaudirse que hayan quitado los bloqueos, pero la autoridad debe reconocer que ya no son aquellos tiempos durante los cuales se echaba mano de cuanta estrategia tuvieran a la mano para “sacar la sopa” a los detenidos. Y ojalá que en el afán de cumplir con un plan mediático con miras al informe, no se caiga en el error de involucrar a personas que nada tenían que ver con el bloqueo. Sería desastroso que los jueces invalidaran los débiles argumentos de quienes tienen por obligación procurar la justicia. Hay que aplicar mano dura, sí, contra los culpables de tener armas y drogas en los retenes yaquis. Las autoridades tradicionales varias veces lo han comunicado al gobierno, pero es hasta ahora que se les hace caso, quizá por el llamado presidencial a que sea la autoridad estatal la obligada a resolver ese problema. Ya se logró que algunas compañías paguen a los indígenas por el uso de su territorio como paso de servicios de telefonía, fibra óptica, energía eléctrica, entre otros, aunque todavía otras se niegan a cumplir ese compromiso, pero deben hacerlo antes de que los verdaderos yaquis tomen decisiones de las que luego se quejen quienes hoy no desean pagar. Y ojalá las autoridades del INPI no sigan creyendo que sus acciones de divisionismo al interior de la Tribu Yaqui son de lo mejor, pues lo único logrado con esas políticas es que se retrase el progreso indígena, el cual no consiste solamente en que les hagan grandes edificios, que suelen ser “elefantes blancos” cuando se construyen bajo una óptica ajena a la de la cosmovisión ancestral. Ya basta de considerar que son los auténticos yaquis los culpables de todo. Lo único que se logra al divulgar frases a conveniencia es que la población responda con odio hacia una comunidad indígena en la cual hay muchos y buenos trabajadores. De que hay quienes se refugian en el alcohol o la vagancia, es cierto, pero eso no ocurre solamente entre los pueblos originales sino en cualquier sociedad. Hoy ninguna familia, rica, pobre, grande o chica, indígena o criolla, está exenta de que entre sus miembros haya algún vicioso, por ejemplo, y nadie se escandaliza. O, como diría ayer alguien muy sabiamente, no por el hecho de que en Ciudad Obregón todos los días haya secuestros, balas y violencia, se va a catalogar a todos sus habitantes como delincuentes para llevarlos a las cárceles. Ojo, autoridades, no se equivoquen. Apliquen la ley, pero no se ensañen contra todos. Todo mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Y esa obligación la tiene el Estado que cumplir. Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com
