Se recurre al cliché neoliberal, que despoja al Estado de su responsabilidad con el bienestar general y lo reduce a “facilitador” de negocios
Esperar peras de un árbol de guayabas, se puede hacer con mucha fe, pero "el árbol que da peras nunca dará guayabas". A eso equivale la apuesta de la Secretaría de Economía, contenida en la presentación de la denominada estrategia “Rumbo a una Política Industrial”, dada a conocer hace dos semanas –a más de la mitad del camino del presente gobierno– por esa secretaría. La presentación formal del documento estuvo a cargo de la titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, pero quien lo explica es José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC).
José Luis de la Cruz no es cicatero a la hora de elogiar la propuesta. La presenta como “un cambio de paradigma, un cambio de dirección en la política económica…”; luego sostiene que la iniciativa responde a lo que ocurre a nivel mundial. El elogio es tan estruendoso que pareciera presagiar grandes cambios en la materia, pero una vez que ofrece las primeras frases para explicarlo, viene a sumarse al axioma de la política económica neoliberal, que durante las últimas cuatro décadas le confió el desarrollo económico del país al humor de los mercados y a la inversión extranjera. El fracaso al respecto es tan evidente que no reclama refutación teórica.
Sin embargo, De la Cruz no tiene ningún prurito al vender productos viejos con envoltorios nuevos. Recurre al desteñido cliché neoliberal, que despoja al estado de su responsabilidad indivisiblemente constitutiva con el bienestar general y lo reduce a un “facilitador” de los negocios privados, imputándole al mecanismo la derivada industrializadora. Lo dice con la fe del que le pide peras al guayabo: “lo que puede hacer la política industrial es facilitar la llegada de esas empresas (extranjeras),… y sin necesidad de recursos (presupuestales) de por medio, porque hay necesidad de las empresas de llegar a américa del norte para evitar conflictos entre China y los Estados Unidos”.
Se trata del infundado supuesto que alimenta la idea de que el conflicto comercial de los Estados Unidos con China, podría ser el motor de la industrialización de México, al convertirnos, por nuestra cercanía al mercado norteamericano (nearshoring), en el destino predilecto de las inversiones que presumiblemente saldrían de China. Se olvidan, o no quieren pensarlo, que el mercado de los Estados Unidos no es un mercado creciente, es una economía en franca recesión, en donde la población de clase media tiende a reducirse; y que China es una nación con un mercado que se expande en forma extraordinaria. Antes del 2030, la nación asiática contará con más de 500 millones de personas en el segmento de la clase media, después de haber sacado a toda su población de la pobreza. No hay inversionistas que quieren huir de ese mercado boyante y prometedor.
En términos estrictos el gobierno no está presentando un plan de industrialización, se refieren a ilusiones de operaciones internacionales de mercado, en las que México pudiera sacar un beneficio colateral. Servir de maletero, como ha ocurrido con la llamada “industria maquiladora”, que descapitaliza a la economía nacional y solo deja “migajas de nuestro propio pan”.
El economista mexicano que más ha abogado por la industrialización del país y por el fortalecimiento de las capacidades productivas del campo mexicano, José Luis Calva Téllez, califica la propuesta de la Secretaría de Economía, como un simple “conjunto de buenos deseos”, pues “no tiene ni un solo instrumento” para consolidar una verdadera política industrial. Los instrumentos y mecanismos que el país llegó a tener orientados al impulso industrializador, iniciados con mayor sistematización desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, hasta el gobierno de José López Portillo en 1982, fueron desmantelados en su totalidad durante los últimos cuarenta años, en los que el país fue sometido a las políticas económicas neoliberales con una ortodoxia ciega e incondicional.
Al calificar la propuesta de la Secretaría de Economía, como un conjunto de buenos deseos, Calva Téllez, puntualiza la omisión de los instrumentos clásicos requeridos para soportar todo propósito industrializador de una nación. No hay, dice, instrumentos horizontales de fomento manufacturero como los apoyos crediticios a tasas preferenciales para las pequeñas y medianas empresas, tampoco subsidios a la investigación y a la transferencia tecnológica. No existe la banca de desarrollo para otorgar asesoría y capacitación a los empresarios, ni se ejercen instrumentos sectoriales para ciertas áreas de la industria que requieren un proteccionismo sectorial selectivo. El gobierno, sostiene Calva, no tiene un capítulo de compras públicas para esas empresas y mucho menos un apalancamiento con capital de riesgo en el que participen la banca de desarrollo y las empresas. Y luego remata: “los instrumentos sectorizados se elaboran como trajes a la medida y debe existir un compromiso de la industria para que sea monitoreada por el gobierno con el propósito de que se cumplan las metas”.
Está demostrado que con esos instrumentos, el sector industrial del país, creció a una tasa promedio anual del 7.3%, durante el periodo de 1935-1982, en tanto que con la estrategia neoliberal, aplicada a partir de 1983 hasta los años que comprende el presente sexenio, el sector manufacturero solo creció a una tasa que apenas alcanza el 2.0% anual. Cabe señalar que la propuesta de la Secretaria de Economía admite por medio de su vocero oficioso Luis de la Cruz, que el crecimiento industrial que ambicionan solo le agregaría un medio punto de crecimiento al sector industrial, que se haría notar dentro de dos o cuatro años.
Los instrumentos que México tuvo para el fomento de una industria nacional y para la construcción de la infraestructura económica básica, se tienen que rehacer. Hablar de una estrategia industrializadora, sin considerarlos, es en efecto un “conjunto de buenas intenciones”, por no decir que un cumplido lleno de palabrería hueca.
