En estas líneas busco situar y reflexionar sobre la realidad de mujeres que trabajan en los campos agrícolas alrededor del mundo, quienes se encuentran entre los sectores poblacionales que viven sistemáticas violaciones a sus derechos humanos en general y laborales en lo particular. En 2026 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nombró este año como Año de la Agricultora y Banco Mundial en su informe "Evaluación del impacto de la liberalización arancelaria en el bienestar de las mujeres" (2026) refieren papel fundamental de las mujeres en la agricultura y las condiciones desiguales y que impactan su calidad de vida, a pesar de los mecanismos legales que buscan, desde lo discursivo, generar equidad y justicia para las mujeres.
Desde los discursos oficiales como los mencionados se reconocen y "legitiman" estás desigualdades, es importante reflexionar sobre los mecanismos políticos y económicos que han reproducido dichas condiciones. ¿Por qué las mujeres tienen menos probabilidades de ser dueñas de la tierra o de sus negocios? ¿Por qué siguen recibiendo menos pago por su trabajo en los surcos? Esto nos invita a poner en la mesa las normas heteropatriarcales con las cuales funciona y se organiza el mundo. Algunas son visibles y contundentes, mientras que otras, sutiles y sofisticadas. Por ejemplo, en términos estadísticos, las mujeres han aumentado su participación en este sector, tienen tasas más altas de informalidad, menos posibilidad de acceder a prestaciones sociales y de salud, como licencias por maternidad, por cuidados maternos y jubilaciones
Las violencias también se expresan en el acoso y hostigamiento sexual que viven en el espacio de trabajo. Según reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las mujeres trabajadoras agrícolas pertenecientes a pueblos indígenas, de zonas rurales y migrantes están más expuestas a estas formas de violencia. Esto sucede a pesar de que en 2019 se aprobó y en 2021 entró en vigor el convenio 190 que busca prevenir, atender y erradicar toda forma de violencia y acoso en el trabajo.
En México, desde 1980 varios estudios han documentado estas condiciones de violencia y desde la sociedad civil se ha visibilizado y exigido la atención a estas problemáticas, como Casa de la Mujer Indígena en San Quintín y la asociación Unidas, que a través de sus acciones cotidianas brindan información sobre derechos laborales y el derecho a una vida libre de violencia. Al respecto, podemos mencionar la movilización de 2015 en San Quintín, Baja California y a más más de una década, en enero de 2026 se anunció el Plan de Justicia para San Quintín, sin embargo, quedan temas en el tintero. La Secretaría de las Mujeres expresó que en este plan se incluyen acciones concretas para las violencias contra las mujeres, es importante que estas se materialicen y se apliquen en otras entidades donde las mujeres laboran en los campos.
Sonora tiene esta deuda pendiente con las mujeres que trabajan en los surcos, en los empaques, cocinando para que otras personas trabajen en el campo y cuidado a personas adultas mayores y a las infancias, posibiliten esta actividad económica. Pareciera que aquello que se discute en las agendas internacionales y nacionales, no se materializa en la vida de las mujeres trabajadoras agrícolas quienes siguen sosteniendo el mundo en condiciones de sistemática y evidente violencia.
