Elena Burns es una activista relacionada a temas del agua, que siempre ha procurado estar cerca de la burocracia oficial
Cuando dogmáticos y pragmáticos se encierran a discutir en una cuarto, siempre hay expulsados. No pueden coexistir por mucho tiempo en el mismo recinto. Es la imagen que se hizo presente cuando Elena Burns, subdirectora general de Administración del Agua, con expresión de angustia permanecía por fuera del gran enrejado de acero que protege el portentoso edificio de las oficinas nacionales de la Conagua, en la ciudad de México. Las instrucciones para el personal de seguridad fueron precisas: no permitan su entrada. Le habían expulsado.
Los procedimientos rudos y pragmáticos, violatorios de disposiciones administrativas, para echarla fuera, no parecen haber sido espontáneos. La secuencia de hechos después de la mañana de aquel lunes 31 de octubre, cuando dejaron que la señora Burns protestara, tomada de las rejas de las instalaciones de la dependencia, indica que se trató de una acción calculada. Ahora se sabe que el despido había ocurrido desde el 28 de octubre, instrumentado por la dirección del organismo a cargo de Germán Martínez Santoyo, sin contar con las facultades administrativas para hacerlo, las cuales dependen formalmente de la cabeza del sector a la que está adscrita la dirección de Conagua, esto es Semarnat o en todo caso una facultad que recae en el titular del poder Ejecutivo.
En la confianza de que el despido no tenía validez, la subdirectora siguió asistiendo a las oficinas, no esperaba que lo hicieran efectivo por la fuerza. Acaso pensó que ante tales desplantes de humillación y de abuso, el presidente López Obrador la sostendría en el cargo. Pero no, el presidente aparece como el proverbial “policía bueno” y después de los garrotazos propinados por Germán Martínez, le ofrece resguardo como asesora en Palacio Nacional.
La doctora Elena Burns, es una activista relacionada a temas del agua, que siempre ha procurado estar cerca de la burocracia oficial. Durante la estancia de Luege Tamargo en la Conagua, en el Gobierno de Felipe Calderón, algunas de sus publicaciones presentadas desde el frente social, recibieron el apoyo de la dependencia. Su noción en el manejo del recurso permanece muy empatada con los criterios globalistas que le impusieron a México (con la creación de Conagua en 1989) la supeditación a la administración del agua disponible, manejando las cuencas hidrológicas como sistemas cerrados, aun cuando pudieran contar con el potencial para hacer proyectos de transferencias e incrementar la disponibilidad del recurso. Al convertir esta premisa en un dogma, todo se reduce a un enfoque administrativo, y personas como Burns, no perciben qué en una relación horizontal con la naturaleza, la resultante es un incremento en el estrés hídrico, consecuencia de un choque entre los requerimientos del crecimiento poblacional y el desarrollo económico con una estancada y menguante disponibilidad de agua.
Tal doctrina, también le es común a la burocracia pragmática de la Conagua. Deriva de una concepción malthusiana que concibe a los recursos naturales como finitos y en ajuste a tal falacia, establece los límites al crecimiento. Mientras los seguidores del dogma que presume la existencia de un equilibrio entre población y recursos, se afanan en una redistribución justa de lo que no alcanza, los pragmáticos de la burocracia, hacen de la escasez el motivo para especular con el agua, administrándola en razón de su tasa de retorno monetario y en desprecio a los grandes proyectos de infraestructura hidráulica. Política hídrica que bien merece el epíteto de neoliberal, pues con ella se sabotea el impulso a la expansión económica del país y se condena a las regiones desérticas del centro y norte de México al estancamiento de su crecimiento por la falta de agua.
Pragmáticos y dogmáticos hermanados en la premisa del cero crecimiento. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumiendo la búsqueda de equilibrios en los desencuentros de Elena Burns con Germán Martínez, sin dejar adherirse al axioma de que en la regulación y administración del consumo del agua se tiene que admitir “que no se puede seguir creciendo…”.
A partir del crudo episodio de sequía iniciado en el 2020, el presidente parece haber adoptado como doctrina que frente al fenómeno de la falta de agua hay que ajustar las posibilidades de crecimiento a esa fatalidad. Lo ha repetido en diferentes estados de la república, pero principalmente en el norte del país. La referencia más reciente fue en Baja California Sur, aunque antes ya lo había dicho en Nuevo León, Coahuila y en la Ciudad de Mexicali. Insiste en que los problemas de falta de agua se deben a un crecimiento desmesurado en los estados con problemas de disponibilidad del recurso. El consejo es que el norte de México ya no debe de seguir creciendo y que incluso se debe de cuidar el crecimiento poblacional.
El remate a estas elucubraciones excéntricas del presidente, es que hace suya la consigna del ex director de Conagua, José Luis LuegeTamargo, quien durante el gobierno de Calderón y para oponerse a la construcción del Plan Hidráulico del Noroeste (Plhino), proponía hacer una especie de menaje económico hacia el sureste mexicano, a donde se encuentra el agua, y ahí sembrar el trigo que se ha venido cultivando en el noroeste de México.
Mientras el presidente juega con estas extrapolaciones teóricas, y condena al norte del país al decrecimiento económico, sin ningún rubor consiente el funcionamiento ilegal del Acueducto Independencia, con el que, desde la parte media de la Cuenca del Río Yaqui, se desvían importantes volúmenes de agua para favorecer la renta monetaria de los grandes especuladores inmobiliarios que se han dado cita en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Sin importar que esto afecte a los usuarios de la parte baja de esa cuenca, como son los indígenas yaquis, los productores rurales y los habitantes del sur del Estado.
Cuando se trata de favorecer a los que especulan con el agua, entonces esta sí alcanza.
