Tras lo ocurrido la semana pasada, las autoridades tradicionales de la etnia yaqui fueron destituidas; el pueblo se hartó de conveniencias de otros
Si los gobiernos civiles creen que al liberar la carretera de retenes, se acabaron los problemas al interior de la Tribu Yaqui, podrían estar arriesgándose a que el tiro salga por la culata, como coloquialmente se dice. Y es que la semana pasada, a la par de las acciones judiciales contra tirios y troyanos en la cuatro carriles, en Vícam Pueblo, la cabecera principal de los ocho pueblos, se vivió un cisma al ser destituidas de sus puestos las autoridades tradicionales encabezadas por Crisógono Castillo Bacasegua. Desde hace varios meses, los integrantes del gobierno yaqui estaban en la mira de su propio pueblo porque no se estaban comportando a la altura de sus responsabilidades sino que traían conflictos por todos lados, al grado de caer en desacato de los ordenamientos internos. Y es que, como luego se dice, a la gente de Castillo Bacasegua el gobierno les había llegado al precio y en vez de defender a los yaquis de las acciones oficiales, se dedicaron a promover acciones de beneficio personal, pues se decían amparados por los funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Si alguien se pregunta en qué consiste el divisionismo promovido por el INPI, esa es precisamente la respuesta: la compra de voluntades de unos cuantos para gritar a los cuatro vientos que ya se está haciendo justicia a los yaquis, cuando en realidad son unos poquitos los beneficiarios de un Plan de Justicia que, como una vez dijimos, nació muerto. Hoy, además de Bacasegua Galaviz, están al frente del Gobierno de Vícam Pueblo Luciano Molina Mendoza, Joel Silverio García Molina, Germán Hurtado Valenzuela y Tiburcio Hurtado Espinoza. Y se dicen dispuestos a seguir trabajando con los tres niveles de gobierno, pero para beneficio de todos y no de unos cuantos indígenas. Solamente que el INPI ha dado la orden a los de Pótam para que no los reconozcan, pues ya se sabe que no son precisamente aliados de muchas anomalías que se están viviendo con el pretexto de imponer un Plan de Justicia que puede ser bonito en obras, pero destructivo de la escasa unidad interna que queda a los yaquis. Desde el 5 de octubre, las autoridades estatales y federales ya saben sobre el movimiento realizado en Vícam Pueblo y no alcanzan a entender por qué se les está cayendo a pedazos lo que con dádivas y dinero habían logrado entre los yaquis, aún a sabiendas de que era todo artificial y solamente con la idea de “cumplir” un cronograma de actividades para satisfacer al Presidente de la República. Y es que pedir perdón a los indígenas por las atrocidades del pasado no es suficiente sino que lo necesario es comprometerse a que las acciones de hoy y el futuro no vayan en detrimento de sus derechos, usos y costumbres. Que el maquillaje de un Plan de Justicia no sea la tumba de una nación originaria que ha resistido, y esperamos siga resistiendo, los embates de quienes desean someterlos por caprichos electorales, económicos o políticos. Una cosa es que los yaquis se dejen consentir para alcanzar apoyos gubernamentales y otra que los quieran seducir partidos políticos que no ven más que por sus propios intereses. Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com
