Muchas voces demandan la cancelación del Acueducto Independencia; la obra despoja a la Tribu y afecta las actividades productivas del sur de Sonora
Tan solo en este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado en tres ocasiones el territorio de la Tribu Yaqui, una extensión de más de más de 400 mil hectáreas ubicadas en el sur del estado de Sonora. La visita más reciente la hizo el sábado 20 de agosto, para reunirse con las autoridades tradicionales en el poblado de Rahum. Desde el inicio de su gobierno, puso en manos de los directivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) la instrumentación del denominado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis.
La periodicidad de las visitas del presidente al territorio yaqui, es porque sus intenciones justicieras para favorecer a la tribu con programas de asistencialismo social, han tenido un permanente rechazo de importantes segmentos integrantes de la etnia (tropa yoemia y miembros de la Iglesia Tradicional), que se niegan a admitir que los beneficios prometidos –a los cuales la tribu tiene derecho- sean a cambio de la aceptación de la operación ilegal de una obra, el Acueducto Independencia, que le sustrae importantes y crecientes volúmenes de agua a la Cuenca del Río Yaqui, afectando la vida comunitaria y productiva de la tribu, para desviarlos y nutrir los requerimientos hídricos de la boyante actividad especulativa que registra el sector inmobiliario en la ciudad de Hermosillo.
El Acueducto Independencia y su construcción tienen una historia ominosa. La codicia de los grupos privados por desviar las aguas del Río Yaqui desde la presa Plutarco Elías Calles (el Novillo), ubicada en la parte media de la cuenca para trasvasarlas a la ciudad de Hermosillo, se había fermentado, pero no registraba eco en los gobernantes estatales y federales que conservaban cierto pudor institucional y reconocían las afectaciones que esto provocaría en la parte baja de la cuenca donde viven los yaquis y se ubica también uno de las principales regiones productoras de granos básicos de México: el Valle del Yaqui.
Para hacerlo, se requería la llegada de un gobernador carente de todo escrúpulo. Y eso ocurrió con Guillermo Padrés, quien toma la gubernatura de Sonora en septiembre del 2009, montado en la ola de la tragedia de la Guardería ABC. Uno de los primeros actos de su gobierno fue anunciar su decisión de construir el acueducto y al unísono recibió el respaldo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ambos se sincronizaron en todo para imponer la obra, pero principalmente en organizar la persecución y luego el encarcelamiento de los yaquis opositores, Fernando Jiménez y Mario Luna. En aquel momento, el también vocero de la etnia, Tomás Rojo Valencia, tuvo que optar por el exilio en la Ciudad de México, para no ser encarcelado. Desde fuera del territorio sostuvo un activismo intenso, y lo mantuvo a su regreso, hasta que en mayo del 2021 fue desaparecido y luego encontrado asesinado en un paraje del mismo territorio yaqui.
Este pasaje oscuro, puede ser el más dramático, pero no el único que ha hecho de la imposición del proyecto una de las historias más destacadas de violaciones a la ley, abuso de poder, persecución política, terrorismo fiscal y hasta amenazas de muerte a los integrantes del poder judicial que le otorgaron amparos a los que en derecho ejercen su defensa en contra de la obra.
Son muchas las voces, organizaciones sociales, regionales y nacionales, liderazgos de la talla moral de Cuauhtémoc Cárdenas, que le demandan al presidente la cancelación de la operación ilegal del Acueducto Independencia y que con ello se aleje de la historia negra asociada a la construcción de la obra que despoja a la tribu yaqui y afecta las actividades productivas del sur de Sonora.
En su visita del pasado sábado 20 de agosto, un nutrido grupo de mujeres y hombres yaquis, a los que el INPI ha procurado aislar por oponerse al acueducto, utilizando un megáfono llamaron la atención de los asistentes al evento presidencial que ya había iniciado en el poblado de Rahum. También portaban mantas demandando la cancelación del Acueducto Independencia y la modificación del decreto del presidente López Obrador que en el papel les ofrece más agua pero en la práctica consiente que la desvíen a la ciudad de Hermosillo con el acueducto para otro uso y otro destino.
Ese mismo día se puso en circulación un desplegado, dirigido al presidente de la república y al gobernador del estado, firmado por organizaciones de la sociedad civil, productores rurales e integrantes de la tribu yaqui. El texto es un señalamiento certero e irrefutable. Se acusa que el actual gobierno, en materia hídrica, se mantiene atado a la misma política neoliberal que le da preferencia a la especulación financiera con el agua, en lugar de impulsar las grandes obras de infraestructura como el Plan Hidráulico del Noroeste (Plhino), que junto a la desalación de agua de mar le resolverían a Sonora y a otros estados del país los problemas del desabasto del recurso para los próximos treinta años.
Y le dicen al presidente: “No es aceptable que su gobierno continúe avalando moralmente y con acciones prácticas una política hídrica que se norma en los criterios corruptos del modelo económico neoliberal. Este es el axioma que está detrás del conjunto de actos abusivos que se tejieron durante los gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, para desviar las aguas del Río Yaqui a la Ciudad de Hermosillo y así darle cumplimiento a la codicia que ha hecho de la capital del estado el paraíso de la especulación inmobiliaria.”
“Tampoco aceptamos que legitime las decisiones arbitrarias de la Conagua, que actualmente concentra en el sitio del Novillo, el 80 por ciento de los almacenamientos totales de las presas del Río Yaqui, para asegurar las extracciones ilegales realizadas con el acueducto, sin importar las afectaciones sobre la parte baja de la cuenca, donde se ubica el territorio de la Tribu Yaqui. Por lo mismo es inadmisible el decreto de su gobierno, que le quita el derecho a los yaquis sobre la parte alta de la cuenca, esto es la presa de la Angostura, para dejarlos a expensas de los menguados almacenamientos de la presa Álvaro Obregón que se ve afectada por la operación del Acueducto Independencia”.
El presidente ha demostrado que no cambiará su política hídrica en el tema referido. Pero también los yaquis y los habitantes del sur de Sonora, han demostrado que no la aceptarán.
