Dicho acto de violencia, captado en videos, ha generado un intenso debate sobre la justicia por mano propia y la eficacia del sistema judicial
Por: Luis Flores
Un suceso conmocionó al municipio de Jutaí la noche del jueves 19 de septiembre, cuando una multitud enardecida invadió la 56ª Comisaría y linchó a un hombre acusado de violación y asesinato de un menor de un año de edad.
Dicho acto de violencia, captado en impactantes videos, ha generado un intenso debate sobre la justicia por mano propia y la eficacia del sistema judicial en la región.
¿CÓMO FUERON LOS HECHOS?
El hombre, un fabricante de paletas, había sido detenido el mismo jueves por la policía tras confesar el secuestro y asesinato de un menor de edad.
Ante este hecho, la comunidad, indignada por la gravedad del delito, rodeó la comisaría exigiendo justicia. A pesar de los intentos de la policía civil y militar por controlar la situación, al caer la noche la turba logró irrumpir en la sede policial, sacar al detenido y golpearlo brutalmente en plena calle.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo, tras ser arrastrado fuera de la comisaría, el hombre fue agredido con palos antes de ser rociado con gasolina y quemado vivo, mientras los presentes lanzaban gritos de rabia e impotencia. La escena refleja la frustración de una comunidad que siente que el sistema judicial ha fallado en proteger a las víctimas.
TOMAR MEDIDAS EXTREMAS
Este trágico episodio pone de manifiesto el profundo desencanto de la población con las autoridades locales. Muchos residentes de Jutaí expresaron que, ante la falta de confianza en la justicia, la comunidad se ve empujada a tomar medidas extremas.
Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de acciones no solo perpetúan un ciclo de violencia, sino que también ponen en riesgo la estabilidad social y el estado de derecho.
Autoridades de Amazonas han anunciado una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Al mismo tiempo, han instado a la población a no recurrir a la violencia y confiar en las instituciones para la resolución de conflictos.No obstante, este llamado parece insuficiente ante la creciente desconfianza de la comunidad, que exige acciones más contundentes y efectivas para combatir la criminalidad y proteger a sus ciudadanos.
