Daniel Santos dijo que están trabajando en un proyecto denominado “Inclusalud”, que incluye a internos y personas que ya cumplieron con su sentencia
Por: Ana Jusaino
Las personas privadas de la libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ del Centro de Readaptación Social (Cereso) en Ciudad Obregón, podrán contar con el servicio médico oportuno, así como la realización de pruebas de VIH, sida, entre otras enfermedades de transmisión sexual, informó Daniel Arturo Santos Corrales.
El integrante del Colectivo Just Fly, destacó que para que lo anterior sea posible, están trabajando en un proyecto denominado “Inclusalud”, el cual además de incluir a las y los reclusos, también apoyan a la comunidad que cumplieron su sentencia de encarcelamiento.
“Hay que recordar también que un Cereso, es un Centro de Readaptación Social, no es un centro de castigo social. Entonces, aunque estén en la cárcel, las personas deben mantener sus derechos. Se busca que esa persona que salga de la cárcel se readapte a la sociedad y sea una persona de bien”, expresó.
Para darle mayor celeridad al proyecto, agregó, han buscado apoyo en Wendy Briseño Zuloaga, secretaria de Desarrollo Social de Sonora y de Nicolino Cangiamilla, coordinador Estatal del Sistema Estatal Penitenciario.
“Es muy importante mencionar, nos han cuestionado muchas personas que nos dicen, ¿por qué están apoyando a gente que está en la cárcel, si está ahí por un motivo. Aquí nosotros primero que todo, no estamos queriendo que las personas tengan más derechos, queremos que las personas tengan los derechos que merecen por el simple hecho de ser seres humanos”, apuntó.
También han presentado su plan a Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Celeste Tadei, diputada de Morena y Eugenio Laureano, director general de la Promoción de la Salud y Prevención de enfermedades de Sonora.
Santos Corrales refirió que, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, en el Cereso de Hermosillo el 16.2 por ciento de reclusos y reclusas no cuentan con servicio médico; el 33.3 por ciento no cuenta con atención psicológica y aunque durante ese año había cuatro mil personas, solo contaban con 25 médicos generales.
Actualmente se encuentran tocando puertas para que la comunidad LGBTTTIQ+ encarcelada cuente con derecho digno a la salud.
