Tribu Mayo espera respuesta de la CNDH sobre el gasoducto

Gobierno Autónomo pide que se haga una consulta en torno a la obra, pues su paso afecta al territorio de la comunidad

La Tribu Mayo continúa a la espera de que el Gobierno Federal atienda una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se aplique una consulta sobre el gasoducto.

Lo anterior lo informó Ángel Camacho Sánchez, asesor jurídico del Consejo de Gobierno Autónomo Yoreme de Territorio Mayo, al señalar que 374 kilómetros de terrenos de la etnia son susceptibles de afectación por la construcción y operación de la obra.

Dijo que la CNDH emitió dicha recomendación en la que establece que todo proyecto o estrategia de desarrollo que afecte a zonas indígenas debe contar con la plena participación de las comunidades, siempre que sea posible, en las fases de diseño, ejecución y evaluación.

Explicó que la consulta previa es un instrumento de diálogo legítimo y eficaz en la prevención y resolución de conflictos, en la medida que sus resultados sean vinculantes, y obrará en protección de los derechos humanos de los indígenas, siempre que se logre progresivamente el consentimiento libre, informado y en condiciones justas, las cuales deben quedar bien establecidas en un convenio.

Camacho Sánchez aclaró que no se oponen de antemano al proyecto del gasoducto, sino que pretenden que se les tome en cuenta, lo cual no se ha cumplido, pero sobre todo conocer los detalles y todo lo referente al mismo.

“Por ejemplo, queremos saber sobre las inversiones iniciales de la empresa y las que ejercería año con año, el material que utilizará, las áreas específicas donde trabajará, la procedencia y destino del gas, así como el personal de trabajo, si será nacional o extranjero”, dijo.

“Estamos haciendo lo pertinente, lo que debe hacerse de acuerdo a términos legales y correctos y no como oportunidad de obtener dinero o negociar, sino de que se les garantice apoyos en especie, empleos, cuidado del medio ambiente, entre otras cosas”, agregó.

En meses pasados recibieron asesoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de estar bien informados, orientados y evitar engaños al momento de que se destrabe el proyecto.

Señaló que los indígenas mayos, a diferencia de los yaquis, no han optado por bloqueos u otras medidas de presión, sino por la vía institucional y jurídica.

Como un ejemplo de esto, mencionó que en el 2016 la tribu interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, recurso que ha estado frenado por diversas causas, entre éstas la pandemia.