Liberar inocentes, solicitan los yaquis

Hay versiones encontradas sobre la suerte de los detenidos en carretera federal

Por: Luz del Carmen Paredes y Jesús Moreno

Luego de que se dio a conocer que entre los detenidos durante el desalojo de los

en la

federal México 15 estaban seis albañiles integrantes de la Tribu Yaqui, ajenos al movimiento, extraoficialmente se manejó que ya fueron liberados, aunque otras voces señalan que siguen detenidos.

Integrantes de la etnia manifestaron que las autoridades tradicionales solicitaron que fueran puestos en libertad, ya que esas personas se dirigían a su comunidad Loma de Guamúchil y no pertenecían al movimiento que sostenía el bloqueo carretero en Vícam.

Sobre los otros detenidos, dijeron que se sabe que algunos de sus familiares se trasladaron a Hermosillo para solicitar información, pero por su cuenta, porque los bloqueos no eran acciones propias de la Tribu Yaqui.

Hasta el momento las autoridades tradicionales se han mantenido al margen.

Señalaron que era gente contratada, las autoridades tradicionales desconocen a dónde iba a dar el dinero del boteo.

“Otra situación que se presentó es que hay gente desaparecida, no se sabe si están escondidos o fueron detenidos también”, comentaron los integrantes de la etnia.

Tanto en Estación Oroz, como en Vícam siguen los elementos de seguridad para resguardar a la ciudadanía.

APLICAN LA LEY

Con la entrada en vigor del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en febrero pasado, se facilitó a las autoridades actuar contra los “boteos” ilícitos en territorio yaqui, indicó Claudia Indira Contreras Córdova.

A través de un comunicado, la fiscal general de Justicia subrayó que el artículo 533 establece sanciones de tres meses a siete años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte.

De igual manera aplica para quienes interrumpan la construcción de esas vías o quienes para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, añadió.

Pero, además, ya se venía actuando derivado de otros hechos delictivos como la recuperación de vehículos con reporte de robo, la desaparición de integrantes del pueblo originario yaqui, incluso en homicidios, entre otros, resaltó la fiscal.

Entre algunas acciones, ejemplificó, está la aprehensión, vinculación a proceso y prisión preventiva por extorsión agravada, tentativa de homicidio y asociación delictuosa contra Rafael Esteban “N.” y Sergio Armando “N.” por la agresión a un transportista suscitado el 27 de marzo pasado en Loma de Guamúchil.

También el cateo realizado el 23 de septiembre, a un costado de la carretera Internacional, donde se detuvo a José Guadalupe “N.” por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, luego de que se le aseguró narcótico, entre otras acciones, recordó.

“Las investigaciones apenas están iniciando en la Fiscalía General de la República (FGR), nosotros tenemos otras del fuero común que, por supuesto, seguiremos investigando, pero no podemos negar que también, detrás de todo esto, se ha venido favoreciendo y, por supuesto, incentivando este tipo de conductas por parte también del crimen organizado”, abundó la fiscal en Sonora.

MOVIMIENTO CIUDADANO POR EL AGUA

Integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua manifestaron que así como se da cumplimiento a la ley con el levantamiento del bloqueo en la carretera federal 15, se cancele la operación del Acueducto Independencia.

“No admitimos la parcialidad y discrecionalidad en la aplicación de la ley. Eso termina por ser una forma de injusticia”, se indicó en un comunicado.

“La resistencia civil pacífica es un recurso de legítima defensa de los pueblos, cuando la autoridad se entrega al interés de los poderosos, y en obediencia a ellos viola la ley y el Estado de Derecho. Eso fue lo que los yaquis y los habitantes del sur de Sonora ejercimos hace diez años, ante un gobierno abusivo y corrupto. La resistencia fue transparente y abierta, pero el Gobierno de Padrés, con el consentimiento de la presidencia de Felipe Calderón, trató de criminalizarla para encubrir sus actos de fuerza al reprimir a los yaquis, encarcelarlos y forzarlos al exilio, refirió.