La seguridad y la inversión, deben ser los temas prioritarios tanto para el Estado como para el país y por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que no es momento de una reforma electoral, expresó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.
Respaldado por el actual dirigente de la confederación Sonora Norte, Jaime Isaac Félix Gándara, dijo que, en el contexto actual, no es momento de impulsar cambios que profundicen la polarización cuando el país se enfrenta a desafíos urgentes en materia de seguridad, incertidumbre económica y revisión de compromisos internacionales.
Dijo que México necesita estabilidad, eficacia institucional y condiciones que permitan atraer inversión. "Abrir ahora un debate para modificar el sistema electoral resulta riesgoso e inoportuno. La legitimidad de una reforma no depende sólo de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social".
Sierra Álvarez, señaló que desde la década de los 90, el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios e incluyentes impulsados por la ciudadanía donde la confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
También dijo que cuidar el sistema electoral implica que como empresarios e inversionistas se concentren en los desafíos urgentes que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país.
Por su parte, Félix Gándara, mencionó que este enfoque podría involucrar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea.
La Coparpex: las leyes electorales deben preservar cinco pilares democráticos:
Autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones
Pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país
Fiscalización sólida y efectiva que garantice condiciones equitativas
Inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas
Certeza jurídica con reglas claras, estables y previsibles.
