La situación de Altos Hornos de México volvió al centro del debate nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum fijara postura sobre el futuro de la empresa acerera. Desde el arranque del proceso judicial, el Gobierno Federal ha solicitado que cualquier resolución coloque en primer lugar a las y los trabajadores, antes que a otros acreedores.
La mandataria explicó que el caso no depende únicamente del Ejecutivo, ya que se trata de un concurso mercantil bajo la supervisión de una jueza y un síndico. No obstante, dejó en claro que la postura oficial contempla dos ejes fundamentales: garantizar que los empleados reciban lo que por ley les corresponde y evitar que los activos de la compañía terminen vendidos como simple chatarra.
El planteamiento busca impedir que, tras la subasta ya realizada, el proceso concluya con una liquidación que deje en desventaja a la plantilla laboral. La instrucción, dijo, es que si existe una liquidación, se haga respetando los derechos laborales y cubriendo primero los adeudos con quienes sostuvieron la operación de la siderúrgica.
Además de la justicia económica, el Gobierno apuesta por la reactivación de la planta y de toda la cadena productiva que históricamente giró en torno a la empresa. La intención es que la región no pierda su vocación industrial ni los empleos que dependen directa e indirectamente del complejo acerero.
El pronunciamiento se dio en medio de manifestaciones de trabajadores que exigen certeza sobre sus pagos y su futuro laboral. Sheinbaum adelantó que en las próximas semanas podría definirse el rumbo legal del caso y aseguró que su administración dará seguimiento cercano al proceso.
Finalmente, señaló que la crisis de la empresa no surgió de manera aislada, sino como resultado de deudas acumuladas, decisiones administrativas cuestionables y prácticas de corrupción que impactaron su viabilidad. El desenlace, insistió, debe marcar un precedente de legalidad y protección a los derechos laborales.
