La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura ante las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, específicamente la facción conocida como Los Chapitos.
Durante su conferencia matutina de este jueves 30 de abril de 2026, la mandataria cuestionó la solidez de las pruebas entregadas por la justicia estadounidense, señalando que estas no cumplen con los estándares requeridos por el sistema penal acusatorio mexicano.
Sheinbaum cuestiona pruebas que presentaron las autoridades estadounidenses
Sheinbaum Pardo mostró parte del expediente enviado por las autoridades de Estados Unidos, en el que, según explicó, se incluyen fotografías de hojas de papel con anotaciones sobre supuestos sobornos. La presidenta puso en duda el valor probatorio de dichos documentos.
"Cuando decimos pruebas, es pruebas. No es nada más un dicho de una persona; tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana", afirmó.
En ese sentido, enfatizó que el sistema de justicia en México exige evidencia sólida para proceder con órdenes de aprehensión, y no únicamente testimonios o documentos sin sustento verificable. Incluso, señaló que las declaraciones de testigos incluidas en el expediente carecen de identificación, lo que debilita aún más el caso.
"Esta es la prueba que ponen ellos en este documento. ´Juanito, 30 mil pesos´. Es de llamar la atención, ¿no creen? Es una hoja de papel", expresó la mandataria al mostrar el material.
Defiende soberanía, pero sin encubrimientos
La presidenta dejó claro que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que esté involucrado en actividades ilícitas, pero subrayó que no permitirá la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos del país.
"Nosotros nos tenemos que ceñir a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales, pero siempre bajo la legislación mexicana", puntualizó.
Asimismo, calificó como un hecho inédito que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicite acciones contra funcionarios en funciones de alto nivel en México, lo que obliga a analizar el caso con cautela y apego al marco legal vigente.
Sobre posibles motivaciones políticas detrás de estas acusaciones, Sheinbaum evitó emitir conclusiones anticipadas y pidió esperar el desarrollo del proceso.
Un caso que escala a nivel internacional
El caso ha generado tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al involucrar a figuras públicas en funciones y presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre los señalados también figuran un senador y autoridades municipales, lo que amplía el alcance político del caso.
Mientras tanto, el gobierno federal reiteró que cualquier proceso legal deberá sustentarse en pruebas contundentes y respetar la soberanía nacional, en un contexto donde la cooperación internacional en materia de seguridad sigue siendo clave, pero también delicada.
