El partido Morena manifestó su respaldo al Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, frente a las recientes solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos. En un comunicado difundido el 29 de abril, se enfatizó que el proceso debe regirse por el Estado de Derecho y la soberanía nacional.
Morena indicó que, de acuerdo con la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales existentes, la Fiscalía General de la República (FGR) es la única entidad competente para evaluar si existen fundamentos jurídicos suficientes para aceptar estas solicitudes.
En el comunicado, se expresó preocupación ante la presentación de peticiones sin el respaldo de pruebas sólidas.
Además, el documento señala que la comunicación emitida por la embajada estadounidense infringe la confidencialidad estipulada en los acuerdos internacionales, lo que podría erosionar la confianza en la cooperación bilateral.
El partido político reafirmó su confianza en la FGR, asegurando que cualquier decisión relacionada con la extradición se tomará de acuerdo con la ley y en defensa de la soberanía del país.
Proceso de extradición y soberanía
En una reciente conferencia de prensa, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, afirmó que la extradición de funcionarios de Sinaloa está condicionada al agotamiento del proceso de desafuero constitucional.
Esta aclaración se realizó después de que las autoridades de Estados Unidos solicitaran la captura de varios servidores públicos presuntamente implicados con el Cártel de Sinaloa.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro Zaavedra; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Según la FGR, estos individuos, junto con otros seis exfuncionarios, han sido identificados como potenciales colaboradores del Cártel de Sinaloa, particularmente de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Fuero constitucional y extradición
El fuero constitucional protege a Rocha Moya e Inzunza, lo que impide su extradición inmediata a Estados Unidos.
Lara López subrayó que si bien se han recibido solicitudes formales de extradición por parte del Gobierno estadounidense, los documentos presentados carecen de evidencias suficientes para demostrar la participación de los señalados en actividades delictivas relacionadas con la organización criminal conocida como Los Chapitos.
La legislación mexicana exige la presentación de pruebas concluyentes para que un juez pueda autorizar una orden de aprehensión contra funcionarios públicos.
Por lo tanto, en el caso de Rocha Moya e Inzunza, la detención directa no es viable hasta que la Cámara de Diputados resuelva el juicio de procedencia solicitado por la FGR, dando paso a la posible remoción del fuero.
