La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si existen elementos de prueba que respalden la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios señalados.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que este procedimiento es el primer paso para evaluar la viabilidad legal de solicitar una orden de aprehensión, conforme a la legislación mexicana vigente.
REVISIÓN DE PRUEBAS Y POSIBLE EXTRADICIÓN
Lara López detalló que la FGR analizará la información enviada por autoridades estadounidenses, con el objetivo de verificar si existen evidencias suficientes que permitan proceder penalmente, incluyendo una eventual detención o extradición.
Subrayó que la ley mexicana exige datos de prueba sólidos para solicitar una orden de aprehensión ante un juez. En ese sentido, enfatizó que cualquier proceso deberá apegarse al Tratado Bilateral en la materia, el cual establece que la extradición solo procede si las pruebas cumplen con los estándares legales del país requerido.
El funcionario también indicó que, hasta el momento, la solicitud recibida no contiene elementos probatorios contundentes que acrediten los hechos descritos en el documento estadounidense.
SEÑALAN VIOLACIÓN A CONFIDENCIALIDAD
La FGR anunció que paralelamente investigará la forma en que se difundió la información, ya que las normas internacionales requieren que este tipo de casos se manejen bajo estricta confidencialidad.
El señalamiento surge luego de la publicación de un documento de 34 páginas en Estados Unidos, donde se detallan presuntos delitos atribuidos a funcionarios sinaloenses en beneficio de una facción del Cártel de Sinaloa. Dicho informe incluye nombres completos y cargos de los implicados.
Lara López consideró que la divulgación de estos datos podría representar una violación a los protocolos de confidencialidad, lo que también será materia de análisis dentro de la investigación en curso.
