La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta actualmente con protección de la Guardia Nacional, luego de las acusaciones en su contra dadas a conocer por el gobierno de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la asignación de seguridad no responde a criterios políticos, sino a un procedimiento técnico basado en la evaluación de riesgos.
Acciones oficiales frente a las acusaciones contra Rubén Rocha Moya
"En estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un diputado, un senador o incluso un ciudadano, se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece o no la seguridad", puntualizó.
Sheinbaum detalló que esta determinación fue tomada por el Gabinete de Seguridad tras revisar el contexto particular del caso. Subrayó que cualquier persona que considere que su integridad está en riesgo puede solicitar protección, la cual será evaluada por las instancias correspondientes antes de ser otorgada.
La presidenta también se refirió a la situación política en Sinaloa tras la solicitud de licencia de Rocha Moya, en medio de señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses.
En ese contexto, anunció que el Gabinete de Seguridad federal viajará a la entidad para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional frente a los retos en materia de seguridad.
Reacción del gobierno federal y seguimiento legal
"Es muy importante que frente a este cambio de gobierno, el Gabinete esté presente para fortalecer las acciones de coordinación y garantizar la protección del pueblo de Sinaloa", afirmó.
Respecto a las acusaciones que involucran a Rocha Moya y a otros ciudadanos mexicanos, Sheinbaum sostuvo que su administración ha actuado con apego a la ley y sin emitir juicios anticipados.
Recordó que se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores recabar información adicional sobre la petición del gobierno estadounidense, mientras que la Fiscalía General de la República analiza si existen elementos suficientes para proceder.
En ese sentido, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la Fiscalía determinó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición no cumple, por ahora, con los requisitos necesarios, al no acreditarse la urgencia ni presentarse pruebas suficientes.
El caso ha generado un amplio debate político y mediático, sin embargo, el gobierno federal insiste en que se seguirá el debido proceso, privilegiando la legalidad y la cooperación internacional sin vulnerar los derechos de los involucrados.
