Segob emite decreto y representa un paso importante para proteger los derechos de la infancia en todo el territorio nacional
Por: Edel Osuna
A través de un decreto que entró en vigor el sábado 2 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que el matrimonio infantil queda prohibido, pues la edad mínima para contraerlo son los 18 años.
Con este decreto se reformó el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y establece que serán la legislación federal y de los estados quienes deberán adoptar medidas integrales para la protección de los menores.
Lo anterior a fin de combatir prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal.
La prohibición significa un paso adelante en la protección de los derechos infantiles en México, donde el problema del matrimonio con menores es persistente.
EL MATRIMONIO INFANTIL EN MÉXICO
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en año 2020 224 mil 454 adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad, estaban en situación de unión, mientras que 21 mil 167 están en condición no unidas, pero con antecedente de unión conyugal.
Por su parte, y de acuerdo con Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 9 de cada 10 niñas y adolescentes en México contraen matrimonio antes de la mayoría de edad, y lo concretan con varones de 18 años o más.
Asimismo, indica que el matrimonio infantil se asocia a factores como violencia, abandono escolar, embarazo adolescente y pobreza, y vulnera los derechos de menores a educación, salud, desarrollo y protección.
Respecto al matrimonio infantil, la Unicef destacó que en los últimos 25 años la región de Latinoamérica y el Caribe es la única en el mundo donde esta práctica no ha disminuido.
Ahora, señala, si la tendencia actual persiste, para el 2030 alrededor de 20 millones de menores en la región habrán contraído matrimonio antes de la mayoría de edad.
Finalmente, para que se dé cabal cumplimiento al decreto, será necesaria la implementación de medidas adicionales que garanticen su cumplimiento, como capacitación de funcionarios, difusión de derechos de la infancia, así como sensibilización social; pero a la vez, el decreto representa un avance para hacerle frente a este flagelo en México.
