Esta propuesta continúa siendo un tema controvertido con implicaciones potencialmente profundas para la economía y el sistema judicial de México
Por: Araceli Rodríguez
Especialistas y juristas han expresado serias preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno mexicano, señalando que podría traer riesgos para la economía del país, desalentar las inversiones y sobrecargar las finanzas públicas. Además, señalan que la propuesta podría poner en peligro el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante el foro “Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la Reforma Judicial”, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la organización México Evalúa, destacó que los procesos de elección popular para el Poder Judicial de la Federación (PJF), tal como lo plantea la reforma, podrían ralentizar la resolución de conflictos y afectar negativamente el crecimiento económico.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Según investigadores del Banco de México, los estados que han facilitado la resolución de conflictos han experimentado un crecimiento promedio del 0.6 por ciento.
Moreno subrayó la importancia de contar con jueces especializados y experimentados en áreas como energía, telecomunicaciones y propiedad intelectual. La reforma propuesta, sin embargo, permitiría que incluso recién egresados pudieran postularse como jueces a través del voto popular.
“Un juzgador incompetente podría tomar decisiones que requieran una pericia especializada, lo que podría tener consecuencias graves”, advirtió Moreno.
ECONOMÍA DE NO MERCADO
La coordinadora también alertó sobre la posibilidad de que México sea considerado una "economía de no mercado" debido a la intervención estatal en la regulación y el control del ecosistema de negocios. Este escenario sería problemático para el T-MEC, que prohíbe las relaciones con economías de no mercado en uno de sus capítulos.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló que la reforma podría violar tres capítulos clave del T-MEC: el 14 sobre inversiones, el 23 sobre temas laborales y el 27 sobre políticas anticorrupción.
Estos capítulos requieren tribunales independientes e imparciales, algo que la iniciativa actual no garantiza al proponer la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante votación popular.
RIESGO DE INFLUENCIAS EXTERNAS
Campos también alertó sobre el riesgo de influencias externas, como la presión del crimen organizado en las elecciones judiciales, citando el alto costo de las campañas judiciales en Estados Unidos como un ejemplo.
Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó la propuesta por no abordar la impunidad en el 94 por ciento de los casos y por implicar una reducción en el presupuesto del PJF.
Sepúlveda enfatizó la necesidad de mayores recursos para los poderes judiciales estatales, que enfrentan una carga considerablemente mayor que los tribunales federales. El presupuesto del Poder Judicial federal es de 77 mil millones de pesos, mientras que el de los estados suma 45 mil millones de pesos.
Campos también advirtió que la reforma podría reducir aún más el número de juzgadores por cada 100 mil habitantes en México, que ya está por debajo de las recomendaciones internacionales. “Actualmente contamos con cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional recomendado es de 18 por cada 100 mil”, concluyó Campos.
