Patrulla espiritual enfrenta denuncia por humillar a personas LGBT+ l VIDEO

El colectivo Comité Orgullo Mexicali presentó una denuncia pública contra la agrupación por presuntas violaciones a sus derechos y humillaciones

Colectivos LGBT+ de Baja California exigieron investigar a la "Patrulla Espiritual" por presuntas terapias de conversión y actos de humillación.
Colectivos LGBT+ de Baja California exigieron investigar a la "Patrulla Espiritual" por presuntas terapias de conversión y actos de humillación.

Organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ y colectivos defensores de derechos humanos denunciaron públicamente a la agrupación conocida como "Patrulla Espiritual", luego de que difundieran en redes sociales el caso de una mujer trans en Tijuana, Baja California.

A través de un comunicado emitido por el Comité Orgullo Mexicali, se acusó al grupo de realizar presuntas prácticas relacionadas con terapias de conversión, además de actos considerados degradantes y violatorios de los derechos humanos.

El documento, fechado el 10 de mayo de 2026 en Mexicali, señala que la denuncia va dirigida contra Jesús Ignacio Osuna Torres y otros integrantes de la agrupación, a quienes responsabilizan de imponer vestimenta masculina, realizar cortes de cabello forzados y emitir discursos de "corrección espiritual" hacia una mujer trans, acciones que buscan "borrar la identidad trans" mediante humillación y violencia psicológica.

Asimismo, el colectivo denunció que la llamada "Patrulla Espiritual" habría exhibido públicamente a la víctima en redes sociales, permitiendo comentarios ofensivos, burlas y mensajes de odio relacionados con su identidad de género y apariencia física.

En el comunicado también se acusa a la agrupación de operar sin regulación y de efectuar "levantamientos forzados" de personas en situación de vulnerabilidad, lo que podría constituir privación ilegal de la libertad y agravamiento de daños emocionales.

Ante ello, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Baja California investigar los hechos y sancionar penalmente a los responsables por posibles delitos relacionados con privación ilegal de la libertad y prácticas de conversión, conocidas como ECOSIG.

Además, solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Gobierno del Estado revisar si la agrupación recibe respaldo institucional o financiamiento público, así como clausurar cualquier centro operativo donde se realicen actividades prohibidas por la ley.