El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU rechazó los señalamientos del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y defendió su informe sobre la crisis de desapariciones en el país. Su presidente, Juan Pablo Albán, aseguró que el fenómeno mantiene una tendencia creciente desde hace más de una década.
El funcionario explicó que el análisis no se limita a un periodo específico, sino que documenta la evolución del problema desde 2012. Entre las cifras más relevantes, destacó que hasta febrero de 2026 se registran más de 132 mil 400 personas desaparecidas, así como alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.
Albán subrayó que estos datos reflejan la magnitud de la crisis y justifican que el comité haya decidido elevar el tema ante la Asamblea General de la ONU, ante posibles indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas en México.
CRÍTICAS DEL GOBIERNO Y RESPUESTA DEL COMITÉ
El posicionamiento surge en medio de cuestionamientos del gobierno mexicano hacia el informe internacional. Frente a ello, Albán reconoció que el desacuerdo es legítimo, pero advirtió que descalificar a organismos internacionales puede debilitar el diálogo en materia de derechos humanos.
"El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable", señaló, al insistir en la importancia de mantener una comunicación constructiva entre autoridades nacionales y organismos multilaterales.
El debate también pone sobre la mesa la responsabilidad del Estado mexicano y la efectividad de sus políticas para enfrentar esta crisis que afecta a miles de familias.
¿POR QUÉ LA ONU ANALIZA LAS DESAPARICIONES?
El comité explicó que su labor se basa en supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado firmado por los Estados miembros.
Albán detalló que este tipo de evaluaciones consideran la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo, incorporando datos recientes para dimensionar el problema.
Finalmente, enfatizó que el objetivo central debe enfocarse en prevenir las desapariciones, fortalecer la búsqueda de personas, garantizar investigaciones efectivas y erradicar este fenómeno, en beneficio de las víctimas y sus familias.
