La exalcaldesa de Tecámac reconoció que durante su administración se realizaron más de 10 mil sacrificios de perros y gatos en situación de calle, señalando que estas acciones se llevaron a cabo conforme a la normatividad vigente en ese momento y como parte de los protocolos de control animal establecidos por las autoridades.
Las declaraciones han generado una fuerte reacción pública y reabierto el debate sobre el manejo de animales sin hogar en México, así como sobre la efectividad de las políticas de salud pública aplicadas a nivel municipal.
DEBATE POR POLÍTICAS DE CONTROL ANIMAL
Tras la difusión del caso, organizaciones protectoras de animales y ciudadanos cuestionaron el uso del sacrificio como método de control de la sobrepoblación de perros y gatos, al considerar que deben priorizarse estrategias como la esterilización, adopción responsable y prevención del abandono.
Especialistas en bienestar animal han señalado que el problema no solo radica en el cumplimiento de la ley, sino en la necesidad de transformar el enfoque institucional hacia modelos más éticos y sostenibles, que eviten el sacrificio como solución recurrente.
ACTIVISTAS Y AUTORIDADES PIDEN CAMBIO DE ENFOQUE
Organizaciones civiles han insistido en la urgencia de fortalecer el marco legal de protección animal y acelerar la aprobación de una ley de cuidado animal pendiente, con el objetivo de establecer criterios más estrictos sobre el trato a los llamados "seres sintientes".
En este contexto, durante la conferencia matutina del 16 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el caso no representa una violación a la ley vigente en su momento, pero subrayó la importancia de modificar las normas para priorizar el bienestar animal.
"Es mejor buscar la protección animal, no violó la ley porque estaba en una norma, pero hay que cambiarla para que puedan tener una vida saludable, como les llaman ahora ´seres sintientes´", expresó.
HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL
Activistas han reiterado la necesidad de impulsar campañas de esterilización masiva, educación sobre tenencia responsable y políticas públicas que reduzcan de manera sostenible la población de animales en situación de calle.
El caso ha reactivado el debate nacional sobre el equilibrio entre la normatividad vigente y la evolución hacia modelos de protección animal más estrictos, en los que se priorice la vida y el bienestar por encima del sacrificio como medida de control.
