La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura clara rumbo a los próximos procesos electorales en el país, incluidos los que ya comienzan a perfilarse hacia 2027 en entidades como Sonora: ningún servidor público podrá competir por una candidatura sin antes dejar su cargo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que quienes aspiren a un puesto de elección popular deberán separarse de sus funciones en el gobierno para dedicarse de lleno a la actividad política. "No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato", sentenció.
Esta declaración marca una línea directa para funcionarios federales, estatales y municipales que ya empiezan a ser mencionados como posibles aspirantes, especialmente en estados donde habrá renovación de gubernatura, como es el caso de Sonora en 2027.
Sheinbaum explicó que esta medida busca garantizar condiciones de equidad en los procesos internos de los partidos, así como evitar cualquier uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
En ese sentido, insistió en que los interesados deberán tomar decisiones con anticipación y comunicarlo oportunamente.
"Que se dediquen a ser servidores públicos y cuando hayan tomado la decisión de querer ir a un territorio a trabajar, pues que dejen el Gobierno y se vayan a territorio; pero no está bien que se hagan las dos cosas al mismo tiempo", puntualizó.
PRÓXIMAS CANDIDATURAS DE 2027 EN SONORA
Para el escenario político en Sonora, este posicionamiento cobra especial relevancia. En los próximos meses y años, podrían comenzar a definirse perfiles dentro de los distintos partidos que buscarán contender por la gubernatura, diputaciones y alcaldías, por lo que la regla planteada por la presidenta obligaría a los aspirantes a separarse de sus cargos con suficiente anticipación.
Además, Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que quienes renuncien a sus puestos para competir puedan reincorporarse posteriormente al servicio público, siempre y cuando no resulten electos o concluyan sus procesos políticos.
El mensaje también funciona como una advertencia preventiva ante prácticas que históricamente han generado controversia en México, como el uso de programas sociales o estructuras gubernamentales para promover aspiraciones políticas.
