Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte desde el 20 de agosto de 2022, un día después de que fue detenido afuera de su domicilio
Por: Andrés Manuel Contreras Alaniz
El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, enfrentará su proceso por el caso Ayotzinapa desde su hogar, tras obtener la medida de prisión domiciliaria. Esta decisión fue tomada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien admitió un error en el proceso inicial al negarle esta medida al exfuncionario.
El Tribunal dejó claro que esta medida no implica la libertad de Murillo Karam, sino que redefine el lugar donde enfrentará su proceso, ya que la decisión se basa en que el juez de control consideró que el exprocurador tiene derecho a que la prisión preventiva justificada se ejecute en su domicilio, estableciendo medidas de control para asegurar su cumplimiento.
¿POR QUÉ ESTA DECISIÓN?
Según los argumentos presentados, Murillo Karam cumple con los requisitos del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite la aplicación de la prisión preventiva en domicilio o centro médico para imputados mayores de setenta años o aquejados por una enfermedad grave.
En este caso, el exprocurador, de más de setenta y cinco años, padece enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Asimismo, la defensa de Murillo Karam enfatizó que el exfuncionario presentó una presión arterial preocupante, registrada en 190/100, el pasado miércoles 28 de diciembre.
ESTÁ EN RECLUSORIO NORTE DESDE 2022
Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte desde el 20 de agosto de 2022, un día después de ser detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial en cumplimiento de la orden de captura entregada por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia. Este último lo vinculó a proceso y a su vez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que prevalecía el riesgo de fuga.
De acuerdo con datos vertidos en su momento en la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público Federal, el exprocurador realizó o autorizó acciones que afectaron las investigaciones para localizar a los 43 normalistas que fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero.
