El partido Morena iniciará el 22 de junio el registro de aspirantes a precandidatos y precandidatas para competir por alguna de las 17 gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027 en México.
De acuerdo con lo acordado por el Consejo del partido, en el proceso interno podrán participar hasta tres mujeres y tres hombres por cada estado, quienes buscarán convertirse en coordinadores estatales de la defensa de la transformación y posteriormente en candidatos a gobernador o gobernadora.
La Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de emitir la convocatoria oficial en las próximas semanas. El proceso incluirá dos encuestas internas: la primera servirá para medir reconocimiento y posicionamiento de los perfiles, mientras que la segunda definirá al coordinador estatal que eventualmente se convertirá en el candidato del partido.
CALENDARIO DE REGISTROS PARA OTROS CARGOS
Además de las gubernaturas, Morena estableció un calendario para el registro de aspirantes a otros cargos de elección popular rumbo a 2027.
El registro para quienes busquen una diputación federal comenzará el 3 de junio, una vez publicada la convocatoria correspondiente.
Posteriormente, el 21 de septiembre iniciará el registro de precandidatos a presidencias municipales, mientras que el proceso para diputaciones locales arrancará el 8 de noviembre, también previo lanzamiento de sus respectivas convocatorias.
SUPERVISIÓN DEL PROCESO Y REGLAS CONTRA NEPOTISMO
Entre los encargados de organizar el proceso interno se encuentran el senador Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los diputados de Morena Ricardo Monreal Ávila, el legislador Alejandro Peña Villa y el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo.
Durante la sesión también se reafirmó la prohibición del nepotismo, con el objetivo de evitar que familiares ocupen cargos de elección popular de manera consecutiva, conforme a lo aprobado por el Consejo del partido desde 2025.
El senador Emmanuel Reyes Carmona subrayó además que el proceso deberá reforzar los mecanismos de revisión para impedir que participen aspirantes con vínculos con el crimen organizado, mediante verificaciones en fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y autoridades municipales.
