Un comentario de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, generó polémica durante una sesión del pleno luego de que sugiriera que las personas nacidas mediante reproducción asistida podrían no ser consideradas parte de una familia.
La declaración ocurrió durante el análisis de un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, relacionado con reformas legales aprobadas en 2021 por el Congreso de Chihuahua sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
DEBATE EN EL PLENO DE LA CORTE
El proyecto proponía invalidar modificaciones legales que ampliaron las facultades de la Fiscalía Especializada para atender a mujeres víctimas de violencia, permitiéndole también conocer casos relacionados con asuntos familiares y otorgándole atribuciones sobre los Centros de Justicia para las Mujeres.
El ministro ponente argumentó que esta ampliación podría representar un retroceso, al diluir el enfoque especializado de la fiscalía.
Durante la discusión, la ministra Ríos González expresó su desacuerdo con esa postura y defendió que integrar la atención a la violencia familiar puede fortalecer la protección a las mujeres, ya que muchas agresiones ocurren dentro del ámbito doméstico.
En su intervención señaló que niños, niñas y adolescentes suelen ser víctimas colaterales de la violencia de pareja y que un modelo de atención integral puede favorecer el interés superior de la niñez. También reconoció que existen hombres víctimas de violencia, aunque sostuvo que la mayoría de los casos se registran contra mujeres.
Sin embargo, generó controversia cuando afirmó: "Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia".
CRÍTICA DE ESPECIALISTAS Y JURISTAS
Tras difundirse el comentario, abogadas y analistas jurídicas cuestionaron las declaraciones de la ministra en redes sociales.
La abogada y columnista Leslie Jiménez calificó la expresión como "gravísima", al considerar que estigmatiza los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
Por su parte, la jurista Melissa Ayala recordó que el acceso a técnicas de reproducción asistida es un derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, además de contar con criterios jurisprudenciales del propio tribunal. Consideró que los dichos resultan discriminatorios para bebés concebidos mediante estas técnicas y señaló que esperaría una disculpa pública.
Finalmente, el proyecto no alcanzó la mayoría calificada para invalidar las normas. Solo fue respaldado por el ministro ponente, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres Guadarrama, por lo que las disposiciones impugnadas permanecerán vigentes.
