Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de reforma constitucional que busca limitar las llamadas "pensiones doradas" en entidades públicas.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 32 votos a favor y ahora se prevé que sea discutida en el Pleno del Senado.
El dictamen plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones y jubilaciones de exfuncionarios de alto nivel no podrán superar el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Poder Ejecutivo.
ALCANCE DE LA REFORMA EN ENTIDADES PÚBLICAS
La reforma aplicaría al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que forman parte de las entidades paraestatales del Gobierno federal.
Sin embargo, el dictamen contempla varias excepciones. No se aplicará a integrantes de las Fuerzas Armadas ni a pensiones formadas mediante aportaciones voluntarias en sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales. Tampoco incluirá aquellas generadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario ni la pensión no contributiva.
APOYO CON RESERVAS DE LA OPOSICIÓN
Aunque legisladores de oposición respaldaron la intención de la reforma, algunos señalaron preocupaciones sobre su diseño legal.
El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, consideró que fijar el límite de pensiones con base en el salario presidencial es un error técnico, ya que dicho ingreso depende de decisiones políticas incluidas en el Presupuesto de Egresos.
En su lugar, propuso establecer el tope mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se ajusta anualmente con base en la inflación.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, expresó respaldo a la iniciativa pero advirtió sobre posibles inconsistencias jurídicas.
Entre ellas destacó el riesgo de retroactividad en perjuicio de las personas, lo que, señaló, podría generar conflictos con el marco de derechos humanos vigente desde la reforma constitucional de 2011.
El dictamen será discutido próximamente en el Pleno del Senado, donde se definirá si la reforma avanza hacia su aprobación definitiva.
