La centralización de datos personales sensibles y las implicaciones para la protección de la privacidad de los ciudadanos motivó el aplazamiento
Por: Luis Valenzuela
La Comisión de Gobernación del Senado de la República ha decidido posponer la dictaminación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles, una iniciativa legislativa que busca establecer el marco legal para la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID).
Este sistema centralizaría información crucial de todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo datos biométricos, como parte de un esfuerzo por mejorar la administración y la seguridad de los registros civiles en el país.
La discusión en la comisión se vio influenciada por diversas consideraciones, por su parte la presidenta de la Comisión, Mónica Balboa, explicó que la convocatoria para analizar el dictamen fue motivada por un mandato judicial que instaba al Senado a aprobar la ley de manera inmediata.
Dicho mandato fue emitido por el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ha sido objeto de críticas por parte de legisladores de distintos partidos, quienes lo acusan de intervencionismo en asuntos legislativos.
La controversia respecto al SID no solo se centra en la centralización de datos personales sensibles, como los biométricos, sino también en las implicaciones para la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos.
Senadores de distintas bancadas, incluyendo Morena y la oposición, expresaron su preocupación por la falta de tiempo para un análisis exhaustivo de la propuesta y la ausencia de consulta con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Eunice Romo, senadora del PES, calificó la intervención judicial como un exceso del Poder Judicial, argumentando que imponer plazos para la aprobación de leyes sin un debate completo y participativo contraviene el principio de separación de poderes.
Asimismo, Damián Zepeda del PAN manifestó sorpresa al conocer la existencia de la orden judicial, subrayando la necesidad de entender plenamente las implicaciones de la ley antes de su aprobación.
Uno de los puntos de mayor discordia ha sido la creación del SID y las atribuciones que la ley otorga a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos, es por ello que los senadores han cuestionado la preparación del gobierno para gestionar y proteger adecuadamente la información biométrica de millones de ciudadanos, especialmente en un contexto donde la privacidad y la seguridad de los datos son temas de creciente preocupación global.
