Un juez federal otorgó una suspensión definitiva relacionada con el Tramo 5 del Tren Maya, considerado uno de los puntos más delicados del megaproyecto ferroviario. La resolución ordena a las autoridades ambientales fortalecer la vigilancia y protección de los recursos naturales en el trayecto que conecta Cancún con Tulum.
Aunque la decisión judicial no significa la cancelación inmediata de las obras, sí establece obligaciones claras y urgentes para las dependencias federales encargadas de cuidar el medio ambiente, de acuerdo con activistas y documentos del proceso legal.
QUÉ DETERMINÓ EL JUEZ EN EL AMPARO
La medida fue concedida dentro de un juicio de amparo y obliga a las autoridades ambientales a cumplir de manera estricta con sus labores de inspección, supervisión y conservación en el Tramo 5 del Tren Maya.
En términos prácticos, la resolución no detiene por completo la construcción, pero sí exige que se revisen con mayor profundidad los posibles impactos ecológicos y que se garantice la protección de ecosistemas especialmente frágiles, como la selva, los cenotes y los acuíferos subterráneos que caracterizan esta región del Caribe mexicano.
El fallo enfatiza que las instancias responsables deben actuar conforme a la legislación ambiental vigente y no limitarse únicamente a permisos o autorizaciones administrativas.
AUTORIDADES OBLIGADAS A REFORZAR LA VIGILANCIA
La suspensión definitiva instruye directamente a dependencias federales, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), particularmente a su Subprocuraduría de Recursos Naturales, para que intensifiquen las inspecciones y verifiquen posibles afectaciones ambientales.
Estas autoridades deberán garantizar la preservación de los recursos naturales en la zona. En caso de incumplimiento, podrían enfrentarse a responsabilidades administrativas o incluso legales.
EL TRAMO 5, EL MÁS POLÉMICO DEL PROYECTO
El Tramo 5 del Tren Maya, que une Cancún y Tulum, ha sido uno de los segmentos más controvertidos desde el arranque del proyecto. Organizaciones civiles y especialistas han señalado que en esta zona existen ecosistemas altamente vulnerables, así como extensos sistemas de cuevas y ríos subterráneos.
Además, advierten sobre riesgos para la biodiversidad y el equilibrio hidrológico de la región. Por ello, este tramo ha sido objeto de diversos recursos legales, amparos y una vigilancia constante por parte de colectivos ambientalistas.
POSTURA DE LOS ACTIVISTAS
Integrantes del colectivo Sálvame del Tren consideran que la decisión judicial representa un paso importante en la defensa del medio ambiente. A su juicio, la suspensión obliga a las autoridades a asumir con mayor seriedad su responsabilidad legal y refuerza la necesidad de transparencia en torno al proyecto.
Para los activistas, el fallo no se centra únicamente en frenar obras, sino en garantizar que cualquier avance se realice respetando la ley y priorizando la protección del entorno natural, en una zona donde la riqueza ecológica es parte esencial de la vida y economía local.
