La magistrada Berenice Ramírez expresó su desacuerdo con la resolución hacia Vera Carrizal, considerando "inconsistencias evidentes e insostenibles"
Por: Araceli Rodríguez
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, anunció hoy el inicio de una investigación contra el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien recientemente tomó la decisión de absolver al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, y a otros dos acusados en el caso del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos.
La magistrada Ramírez Jiménez, expresó su desacuerdo con la resolución del juez, que considera deja desprotegida a la víctima y muestra "inconsistencias evidentes e insostenibles".
El pasado 14 de agosto, Ramírez Montaño dictó la absolución de Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual del ataque, así como de Rubicel H. R. y Rubén L. C., identificados como los autores materiales del crimen. Esta decisión incluyó la liberación inmediata de los acusados y el descongelamiento de sus cuentas bancarias e inmuebles.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia también detalló que ha instruido a la Visitaduría General para que inicie una investigación con el fin de determinar posibles actos de corrupción y conductas ilícitas por parte del juez.
Ramírez Jiménez enfatizó que "no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los juzgadores", y subrayó que el Poder Judicial del Estado actuó conforme a derecho en el proceso.
Por otro lado, la jueza sustituta María Antonia Esteva notificó ayer que la boleta de libertad otorgada a Vera Carrizal y a los otros dos acusados quedó sin efecto, y que la nueva audiencia se llevará a cabo el 21 de agosto de 2024.
Esta audiencia revisará el caso de tentativa de feminicidio en el que Vera Carrizal está involucrado, tras el ataque con ácido ocurrido el 9 de septiembre de 2019.
En respuesta a las recientes decisiones judiciales, la defensa de Vera Carrizal ofreció una conferencia de prensa en la que intentó descalificar la tipificación del delito y cuestionó la decisión de anular la boleta de liberación.
Los abogados argumentaron que las quemaduras no tenían la intención de acabar con la vida de María Elena Ríos y criticaron la reposición de la audiencia.
