El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Instituto Electoral del Estado de Colima, ordenó el retiro inmediato de propaganda política anticipada atribuida a la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, así como al partido Morena, en el marco del proceso rumbo a las elecciones de 2027.
La medida cautelar se dictó dentro de un Procedimiento Especial Sancionador, luego de una denuncia interpuesta por Movimiento Ciudadano el pasado 25 de marzo, tras detectar la presencia de propaganda en bardas, vehículos, impresos y otros espacios públicos en distintos puntos del estado.
De acuerdo con la resolución, el material deberá ser retirado en un plazo máximo de 48 horas a partir de la notificación. Además, se instruyó la suspensión inmediata de su difusión y la abstención de replicar este tipo de actos mientras se resuelve el fondo del caso.
¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA PROPAGANDA ANTICIPADA?
La legislación electoral mexicana establece que ningún actor político puede promover su imagen o aspiraciones fuera de los tiempos oficiales de campaña. Este tipo de conductas puede configurar actos anticipados de precampaña o campaña, lo que vulnera el principio de equidad en la contienda.
La ley busca evitar ventajas indebidas, es decir, que algún perfil político gane posicionamiento antes de que el resto siquiera pueda competir formalmente. Por eso, cuando se detecta propaganda adelantada, las autoridades pueden ordenar su retiro inmediato, como ocurrió en este caso.
¿HAY SANCIONES POR CAMPAÑA POLÍTICA ANTICIPADA?
Aunque las medidas cautelares no implican una sanción definitiva, sí abren la puerta a consecuencias importantes. De comprobarse la infracción, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la inhabilitación para competir en el proceso electoral, dependiendo de la gravedad y reincidencia.
También podrían aplicarse sanciones al partido político involucrado, en este caso Morena, si se determina su responsabilidad en la difusión del material.
LA DENUNCIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Margarita Moreno, sostuvo que esta acción responde a un reclamo ciudadano por garantizar condiciones justas rumbo a 2027. Según señalaron, la presencia de esta propaganda representaba una ventaja indebida frente a otros actores políticos.
El organismo electoral respaldó esta postura de manera preventiva, al considerar que la permanencia del material podría afectar el equilibrio del proceso electoral en curso. Por ahora, el caso sigue en análisis.
