El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.
La comparecencia ocurre después de que autoridades estadounidenses difundieran una acusación formal que involucra a diversos funcionarios sinaloenses, entre ellos el legislador, por supuestamente favorecer actividades ligadas al crimen organizado.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Inzunza aseguró que acudió voluntariamente y sin representación legal externa.
"Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales", expresó.
Durante su declaración también señaló que compareció "como abogado de mí mismo", insistiendo en que colaborará con las autoridades correspondientes.
INVESTIGACIÓN GENERA PRESIÓN POLÍTICA
La presencia del senador ante la FGR ocurre después de varios días de ausencia en actividades legislativas. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, Inzunza no se había presentado en el Senado de la República y acumuló tres faltas durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, de la que forma parte.
Previo a la comparecencia del legislador, también arribaron a la delegación de la FGR en Sinaloa el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl.
La investigación dada a conocer por autoridades estadounidenses incluye presuntos señalamientos sobre una posible red de protección institucional hacia integrantes del Cártel de Sinaloa.
SEÑALAN PRESUNTOS ENCUENTROS CON LÍDERES CRIMINALES
Según la acusación difundida por el Departamento de Estados Unidos, Enrique Inzunza habría sostenido reuniones con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa durante el periodo en que fungió como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.
Las autoridades estadounidenses sostienen que diversos funcionarios habrían utilizado sus posiciones para beneficiar presuntamente a integrantes de la facción conocida como Los Chapitos. Hasta el momento, las investigaciones continúan en desarrollo.
