La crisis forense en México continúa agravándose y ahora no solo involucra cuerpos sin identificar, sino también personas plenamente reconocidas por sus familiares que permanecen abandonadas en servicios médicos forenses y terminan en fosas comunes.
En Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reportó que durante 2026 más de un centenar de cuerpos identificados fueron inhumados por el Estado debido a que sus familiares no acudieron a reclamarlos, ya sea por falta de recursos económicos, conflictos familiares o simplemente desinterés.
Autoridades forenses explicaron que, aunque muchos cadáveres logran ser identificados mediante huellas dactilares, ADN o registros oficiales, el proceso no siempre concluye con la entrega a familiares, lo que provoca saturación en morgues y obliga al Estado a realizar inhumaciones en fosas comunes.
SONORA TAMBIÉN ENFRENTA INCREMENTO DE CASOS
El problema no es exclusivo de Jalisco. En Sonora, colectivos de búsqueda y autoridades locales han advertido un incremento en casos de cuerpos identificados que permanecen sin ser reclamados en el Servicio Médico Forense.
Integrantes de colectivos señalan que factores como pobreza, miedo, desplazamiento, violencia y rupturas familiares provocan que muchas personas decidan no recoger los restos de sus familiares, incluso cuando ya fueron plenamente identificados.
Además, el aumento de desapariciones y hallazgos en fosas clandestinas ha generado una mayor presión sobre las capacidades forenses en distintos estados del país, incluido Sonora, donde cada vez son más frecuentes las jornadas de búsqueda encabezadas por colectivos ciudadanos.
Especialistas advierten que esta problemática refleja no solo una crisis institucional, sino también un fenómeno social relacionado con el abandono, la violencia y la dificultad económica que enfrentan cientos de familias para realizar trámites funerarios o traslados.
