Su gobierno dejó un déficit de 32 mil millones de pesos en fondos federales desviados, la segunda mayor cantidad en la historia reciente
Por: César Omar Leyva
Cuatro exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, fueron arrestados este sábado bajo cargos de peculado.
Los detenidos incluyen a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública (SSP); Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma institución.
Estos exfuncionarios son investigados por desvío de recursos públicos durante la administración de Aureoles. Aunque no se ha especificado la cantidad exacta de dinero involucrado, se sabe que Maldonado Mendoza podría haber desviado más de 30 millones de pesos, cifra que podría aumentar con el avance de las investigaciones.
Además, las autoridades mexicanas han emitido una orden de aprehensión contra el propio Silvano Aureoles, quien está siendo investigado por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, junto a otros siete exfuncionarios.
El caso sigue en curso, y las investigaciones continúan para esclarecer los posibles desvíos financieros que ocurrieron durante su administración.
¿QUÉ ES EL PECULADO Y POR QUÉ SE LE IMPUTA A AUREOLES?
El peculado es un delito grave que implica el uso indebido de recursos públicos para beneficio personal o de terceros. En Michoacán, este delito está tipificado en el artículo 231 del Código Penal local, y las penas pueden variar de 2 a 14 años de prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Silvano Aureoles dejó un déficit de 32 mil millones de pesos en fondos federales desviados, la segunda mayor cantidad en la historia reciente, solo detrás del caso de Javier Duarte.
Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, ha sido objeto de diversas críticas por la presunta mala gestión de recursos, con un enfoque particular en el desvío de 5 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiales en el estado. Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR).
