El conductor señalado como responsable del atropellamiento masivo ocurrido durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en Cabo San Lucas, podría enfrentar penas que van desde seis meses hasta 10 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de Baja California Sur.
Sin embargo, las autoridades aclararon que la situación jurídica del automovilista dependerá del resultado de las investigaciones que actualmente realiza la Fiscalía, la cual determinará si existió responsabilidad penal y bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos.
El incidente ocurrió la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en una de las principales zonas turísticas de Cabo San Lucas, donde cientos de aficionados celebraban el triunfo de México sobre Chequia en la Copa del Mundo.
El conductor permanece bajo investigación
La Dirección General de Seguridad Pública informó que el automovilista fue detenido en el lugar de los hechos. Posteriormente fue trasladado, bajo custodia policial, a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones de gravedad que sufrió tras ser golpeado por varias personas luego del incidente.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado qué delito será imputado formalmente al conductor, ya que primero deberán analizar los peritajes, declaraciones de testigos, grabaciones de cámaras de videovigilancia y videos difundidos en redes sociales.
Además, será fundamental conocer la evolución médica de las 17 personas lesionadas para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por cada una de ellas.
Estas son las penas que contempla la ley
El artículo 136 del Código Penal de Baja California Sur establece diferentes sanciones para el delito de lesiones, dependiendo del daño ocasionado a las víctimas. Las penas previstas son:
- Seis meses de prisión o multa cuando las lesiones sanan en un plazo de hasta 15 días.
- De seis meses a dos años de cárcel si las lesiones tardan más de 15 días y menos de 60 en sanar.
- De dos a cuatro años de prisión cuando la recuperación requiere más de 60 días.
- De tres a seis años de prisión si las lesiones dejan cicatrices permanentes en el rostro.
- De cuatro a ocho años de cárcel cuando provocan una discapacidad permanente.
- Hasta 10 años de prisión cuando las lesiones ponen en peligro la vida de la víctima.
La autoridad ministerial deberá determinar cuál de estos supuestos aplica, considerando la condición médica de cada persona lesionada.
La investigación analizará todas las circunstancias
Videos compartidos en redes sociales muestran que momentos antes del atropellamiento un grupo de aficionados rodeó un automóvil negro, lo sacudió y lanzó objetos contra la unidad.
Posteriormente, el conductor aceleró para intentar abrirse paso entre la multitud, atropellando a varias personas antes de impactarse contra otro objeto y detener su marcha.
Tras el choque, varios asistentes rodearon nuevamente el vehículo, golpearon la carrocería y sacaron por la fuerza al conductor, quien fue agredido físicamente antes de ser asegurado por elementos de seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que 17 personas resultaron lesionadas, incluido el propio conductor, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.
¿Podría alegar legítima defensa?
En redes sociales han surgido versiones que señalan que el conductor habría intentado proteger a su familia, entre ellos personas menores de edad que presuntamente viajaban dentro del vehículo al momento de los hechos.
No obstante, las autoridades han precisado que hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre esa hipótesis.
Durante la investigación, la Fiscalía analizará si pudo existir alguna causa de justificación prevista por la ley, como la legítima defensa o el estado de necesidad. Para ello serán fundamentales los dictámenes periciales, las grabaciones disponibles y los testimonios de quienes presenciaron el incidente.
Asimismo, la conducta de las personas que rodearon y agredieron el automóvil también podría ser revisada dentro de la carpeta de investigación.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre posibles indagatorias o responsabilidades penales contra quienes participaron en esos actos.
