El Comité de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha solicitado una reunión a la Secretaría de Gobernación para discutir los avances en la investigación del caso, al tiempo que demandan a la Fiscalía General de la República que reanude diversas líneas de investigación que fueron desatendidas desde 2024. Además, las familias han expresado su rechazo a la criminalización de su movimiento, en respuesta a recientes protestas y a las acusaciones de vínculos con hallazgos de explosivos.
En un comunicado difundido en colaboración con la organización Red TDT, los padres y madres manifestaron que, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se había planteado el uso de inteligencia y tecnología para avanzar en las indagaciones; sin embargo, no se ha ofrecido información clara sobre la continuidad de las líneas de investigación anteriores. El Comité enfatiza que la tecnología debe servir como herramienta, pero no sustituye la necesidad de esclarecer lo que ocurrió con los normalistas.
Solicitudes del Comité de Padres
Las familias apuntan que hay 33 documentos del CERFIS en poder de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, los cuales contienen información relevante sobre el paradero de los estudiantes, incluyendo sitios como la barandilla municipal, la Colonia Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan, que han sido identificados como puntos críticos en interceptaciones de comunicaciones militares.
Asimismo, han solicitado la creación de una comisión compuesta por cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA, con el objetivo de analizar de forma detallada los documentos mencionados y proporcionar datos que puedan ser utilizados en procesos judiciales. También pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que gestione la extradición de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, exfuncionarios señalados por tortura y alteración de pruebas, así como posibles responsables de conocimiento sobre el destino de los estudiantes.
Extradición de Exfuncionarios
El Comité ha destacado que la extradición de dichos exservidores públicos debe convertirse en un tema prioritario en el diálogo entre México y Estados Unidos, sin que esto se asocie a la agenda económica o migratoria. Por otro lado, rechazan cualquier intento de criminalización del movimiento, denunciando haber sido acusados de pertenecer a la ultraderecha, así como de vandalismo y violencia. Insisten en que son trabajadores del campo motivados únicamente por el amor hacia sus hijos, a quienes prometieron luchar por su presentación a cualquier costo tras su desaparición.
Finalmente, el Comité reafirma que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de donde originan los estudiantes, mantiene una organización estudiantil con enfoques marxistas, centrada en la aspiración a una sociedad más justa, y describe la represión sufrida como una histórica, con 11 estudiantes asesinados y 43 desaparecidos, crímenes que permanecen sin esclarecer. Se demanda, además, la no apertura de investigaciones penales en contra de los padres o estudiantes por las recientes manifestaciones, enfatizando que sus exigencias son legítimas y buscan justicia.
