Mientras México concentra la atención internacional por la Copa Mundial de Futbol 2026, crece la controversia por la implementación del registro obligatorio de líneas celulares promovido por autoridades federales.
La medida busca integrar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, pero ha provocado una respuesta legal cada vez más amplia en distintas regiones del país.
En Chihuahua, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, impulsa amparos colectivos para evitar que los ciudadanos estén obligados a vincular sus números telefónicos con información personal.
CRECE LA OPOSICIÓN AL PADRÓN
De acuerdo con reportes locales, más de 7 mil personas ya respaldan esta iniciativa mediante firmas para promover acciones legales contra la disposición. Los inconformes consideran que la medida podría representar riesgos para la privacidad digital y la protección de datos personales.
Sánchez sostiene que el padrón abre la puerta a posibles vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con la información privada de los usuarios. En contraste, las autoridades federales aseguran que el registro no permitirá acceder a llamadas, mensajes de texto ni a la ubicación de quienes cumplan con el trámite.
La discusión también ha llegado a otras entidades del país. En Aguascalientes, por ejemplo, un ciudadano presentó un recurso ante un juzgado federal para impugnar la obligación de registrar su línea telefónica.
RETO OPERATIVO Y DEBATE NACIONAL
Además de los cuestionamientos legales, el proceso enfrenta desafíos logísticos importantes. A pocos días de que concluya el plazo establecido por las autoridades, cerca de 100 millones de líneas telefónicas permanecen sin registrar.
Especialistas han advertido sobre posibles complicaciones técnicas derivadas del volumen de usuarios pendientes por completar el trámite. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura y ha señalado que no contempla extender la fecha límite.
