Legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano respaldaron la medida
Por: Andrés Manuel Contreras Alaniz
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría una reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud, estableciendo penas de dos a seis años de prisión para quienes practiquen o promuevan las llamadas "terapias de conversión", conocidas oficialmente como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).
La votación, que contó con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, reflejó un consenso considerable en el Pleno de la Cámara en favor de la prohibición de estas prácticas.
Los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron la medida, mientras que los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su desacuerdo.
¿DE QUÉ TRATA LA REFORMA?
La reforma establece multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida para quienes intenten modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Además, prevé sanciones más severas en casos donde la víctima sea menor de edad, adulto mayor, tenga alguna discapacidad, o si existe una relación con el agresor.
Profesionales de la salud, técnicos y auxiliares que participen en estas prácticas también enfrentarán consecuencias, pudiendo ser suspendidos de su ejercicio profesional por un periodo de dos a tres años.
OPINIONES
María del Rocío Banquells, diputada de Movimiento Ciudadano, destacó el respaldo de su partido a la medida, enfatizando que se trata de un paso importante en la protección de los Derechos Humanos.
Asimismo, subrayó que la diversidad sexual es una condición inherente a la humanidad y no una ideología, afirmando que "ninguna persona debe ser víctima de trato indigno".
Sin embargo, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo con la reforma. Margarita Zabala, diputada del PAN, criticó la medida argumentando que criminaliza a los padres de familia y otros agentes sociales que intenten orientar a los jóvenes conforme a ciertos valores.
Esta opinión fue compartida por el diputado Gabriel Cuadri del mismo partido, quien señaló que la minuta implica la persecución de padres, médicos, maestros y líderes religiosos por intentar guiar a los menores de acuerdo a sus convicciones personales y morales.
