Esta decisión responde a la buena aceptación del programa y a la alta demanda de ciudadanos que buscan regularizar vehículos de procedencia extranjera
Por: Marcela Islas
El Gobierno Federal ha publicado un decreto en el que extiende el proceso de regularización de “autos chocolate” hasta septiembre del 2026, que originalmente vencía el 30 de este mes, correspondiente al último día de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A través de la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se informó que esta decisión responde a la buena aceptación del programa y a la continua demanda de ciudadanos que buscan regularizar vehículos de procedencia extranjera.
El decreto seguirá vigente en 14 estados, incluyendo los estados donde ha regularizado un total de aproximadamente 2 millones 559 mil 256 vehículos:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila de Zaragoza
- Durango
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán de Ocampo
- Nayarit
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Zacatecas
Este proceso ha proporcionado certeza jurídica a los propietarios y ha contribuido a mejorar la seguridad pública, al facilitar la identificación de los dueños y evitar el uso indebido de estos vehículos en actos delictivos.
Además, la regularización ha permitido recaudar alrededor de 6 mil 398 millones de pesos, fondos que se han destinado a acciones de pavimentación y mejoramiento de infraestructuras en los municipios involucrados, beneficiando a sus habitantes y a las comunidades cercanas.
Cabe destacar que este decreto, que ya ha sido extendido en ocho ocasiones desde su entrada en vigor hace dos años, genera controversia, pues la industria automotriz del país ha expresado su descontento, calificando la medida como una forma de regularizar “chatarra automotriz” y advirtiendo que fomenta el contrabando vehicular.
Dicha postura pone de relieve las tensiones entre las políticas de regularización y los intereses del sector automotriz formal. Sin embargo, la extensión de este decreto representa un intento del gobierno por equilibrar la necesidad de regularización con las preocupaciones de la industria, mientras sigue enfrentando los retos de seguridad y desarrollo urbano en el país.
