La época revolucionaria sirvió como apoyo a la presencia femenina en espacios considerados masculinos; recogió demandas que habían estado en el aire
Por: Jackeline A. Duarte
En una anterior publicación abordé, brevemente, la forma en la que el lenguaje fue utilizado como justificación para denegar ciertos derechos a las mujeres, durante el periodo posrevolucionario. Un accionar que no extraña a aquellos que abordan o se interesan por estudiar estas temáticas. Sin embargo, para gran parte de la población, la forma en la que el lenguaje puede influir y justificar (sobre todo en la política) ciertas actitudes y acciones aún les pasa desapercibido. Es por ello que, incluso con las movilizaciones y demandas constantes de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX, estas solo lograron el acceso al voto hasta 1953.
El reconocimiento igualitario de la ciudadanía, obtenida, en parte, al acceder al voto, representó el resultado de décadas de esfuerzo en movilizaciones, activismo político y académico cuyo único fin era la aceptación e integración de las mujeres como ciudadanas plenas de la nación, como se había prometido durante y posterior al conflicto revolucionario. Sin embargo, el uso de las palabras "ciudadanOs" y "mexicanOs" en la publicación de la nueva Constitución en 1917 fungió como argumento para limitar las facultades políticas, profesionales y económicas de estas.
La época revolucionaria sirvió como bastión de apoyo para la proliferación de la presencia femenina en los espacios históricamente considerados masculinos. El movimiento recogió demandas femeninas que, desde años atrás, habían estado en el aire (Cejudo, 2007). Como resultado, las mujeres participaron activamente en el movimiento armado, en actividades como enfermería, alimentación, limpieza, pero también como espías, líderes de tropas, en operaciones militares (Lamas, 2012) o fundando asociaciones femeninas con fines políticos, como La Liga Femenina de Propaganda Política o el Club Sara Pérez, por mencionar algunos.
Ante este tipo de experiencias, que la igualdad y el sufragio fueran los estandartes de las movilizaciones femeninas no es ninguna sorpresa. Las diversas actividades que llevaron a cabo les permitieron explorar las capacidades y posibilidades que tenían fuera del ámbito doméstico/privado. Además, este accionar ofreció el argumento perfecto para exigir el reconocimiento y validar la participación de las mujeres en la vida pública del país. El acceso al sufragio, en este contexto, fue el medio con el cual acercarse a las promesas hechas durante la revolución.
Exigencias que no encontraron una gran resonancia en las nuevas autoridades. Si bien los gobiernos posrevolucionarios llevaron a cabo propuestas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, el hecho de que estas estuvieran asociadas a ámbitos domésticos/familiares, destacó la visión sesgada entorno a los problemas y las necesidades de esta parte de la población. Aunque se impulsó la educación femenina y se buscó ampliar los campos laborales a los que pudieran acceder, estos siguieron siendo sectores ligados a las responsabilidades y habilidades consideradas "históricamente femeninas", como la educación y la sanidad.
Pero, aquellas profesiones relacionadas a la política o economía se mantuvieron, en mayor medida, fuera del alcance del grueso de esta población. Incluso aquellas mujeres pertenecientes a los círculos sociales de la élite política mexicana vieron su participación limitada, por las mismas cuestiones. La participación y reconocimiento femenino no se restringió por completo, pero se buscó redireccionarla a los intereses del estado-nación y no a la emancipación femenina.
Este accionar se justificó por la creencia de lo que era "eternamente femenino", como los cuidados, la crianza, la educación, la salud y el hogar. Desde la visión patriarcal, el ejercicio ciudadano era una cuestión de los hombres, las mujeres por su "naturaleza", se consideraron inestables, nerviosas, sentimentales, características que no las hacían aptas para involucrarse en los aspectos de la vida que no estuvieran relacionados al espacio domestico/privado.
Ejemplo de lo anterior, fue la creación de la "Ley de Relaciones Familiares" de 1917 y la permanencia de la "Ley de Extranjería y Naturalización" de 1886. En la primera, aunque se les reconoció su autoridad en el hogar, solo sirvió para volverlas políticamente responsables del mismo. En el segundo, directamente no se les reconoció como nacionales de pleno derecho, solo a través de la figura paterna y, posteriormente, del esposo.
Por consiguiente, "CiudadanOs" y "Ciudadanía" se convirtieron en los argumentos más sólidos para excluir legítimamente a las mujeres de la vida política y publica del país, puesto que ¿cómo gozar de derechos ciudadanos si su reconocimiento y permanencia en la nación está ligado a la legitimidad ciudadana de su familia masculina directa y no a su persona? De esta forma, se excluyó implícitamente a las mujeres, sin necesidad de vociferarlo directamente. El funcionamiento político del lenguaje, en este contexto, se convirtió en uno de los mayores obstáculos para la emancipación femenina. Y en un excelente ejemplo de por qué nombrarnos siempre será una cuestión de importancia política.
